Gobierno y autonomías del PP encauzan el reparto de 400 menas pero dejan en el limbo a otros 3.000

Sobre la mesa de este encuentro había dos asuntos fundamentales. El primero de ellos, el que incluía el orden del día, fue la distribución entre las comunidades autónomas de 347 de estos niños y adolescentes inmigrantes en la península -400 en total si se contabiliza a los que deberán seguir atendidos en Canarias y Ceuta-. La propuesta del Ejecutivo central recibió el apoyo de las autonomías gobernadas por el PP, incluidas aquellas en las que los populares dependen de Vox, que amenaza con romper esas coaliciones. La orden de la dirección nacional a sus barones fue clara: defender la solidaridad entre las autonomías sin obviar las críticas a la política migratoria de la coalición que preside Pedro Sánchez. Solo el Govern de Cataluña, en manos de Esquerra en plenas negociaciones para la investidura del futuro presidente, votó en contra; con 31, es la comunidad que más menas recibirá. Le siguen con 30 la Comunidad de Madrid, Andalucía y Extremadura.

La segunda cuestión y más espinosa de la reunión fue la reforma del artículo 35 de la ley orgánica de extranjería propuesta por el Ejecutivo central y pactada con el Gobierno de Canarias que contempla imponer la obligatoriedad para todas las comunidades de acoger menores de otras regiones cuando su capacidad de acogida se vea superada en un 150%. Actualmente, Canarias cuenta con 2.000 plazas para asistir a 6.000 menas -un 200%- con lo que 3.000 de estos niños y jóvenes serían también distribuidos en el resto de España. El Gobierno justifica que la reforma es necesaria ya que en 2023 ya se pactó un traslado que avalaron todas las autonomías pero que cumplieron solo parcialmente cuatro: Andalucía, Asturias, Aragón y Navarra.

Durante la reunión, los consejeros del PP se pronunciaron en bloque y, como ya avanzó Alberto Núñez Feijóo hace días, aceptaron el traslado de los menores no acompañados a las comunidades autónomas donde gobiernan, pese a las amenazas de Vox de retirarles el apoyo allí donde son indispensables para asegurar la gobernabilidad. A los que los representantes populares se negaron fue a respaldar de antemano la reforma de la ley de extranjería. El PP reclama que el Gobierno central aporte una financiación extra para cada territorio -ha venido cifrando el montante total en 500 millones- o que en su lugar asuma por sí mismo la acogida. También la Generalitat catalana en funciones, dirigida por Esquerra, rechazó respaldar una iniciativa que considera «un parche» al no incluir los fondos estatales necesarios.

El apoyo del PP para sacar adelante la reforma resulta indispensable ya que Junts ratificó este miércoles, mientras ERC representaba al Govern en la cumbre de Tenerife, que no la apoyará. Míriam Nogueras, portavoz de la formación de Carles Puigdemont en la Cámara baja, justificó que «Cataluña es un país de acogida y lo será siempre, pero no se puede abusar de este sentido de solidaridad». «Ante este abuso, toca que nos plantemos», zanjó la diputada de Junts.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, apeló a la «sensatez» del PP para apoyar la reforma legal en el Congreso y retó a Alberto Núñez Feijóo a visitar uno de los centros donde se agolpan estos menores «para mirarles a los ojos». La ministra criticó que ninguno de los consejeros de los populares que acudieron a Tenerife participara en una visita programada a uno de estos centros. «No podemos dejar atrás a ningún niño o niña, es una cuestión de derechos humanos, y no podemos dejar atrás tampoco a ningún territorio. Canarias no se puede hacer cargo en soledad de un fenómeno como este», señaló Rego.