El pulso institucional entre Gobierno y PP sube un peldaño más y alcanza ya al TC

Tras el rechazo del Tribunal Supremo a perdonar a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras los delitos de malversación vinculados al 'procés', el líder del PP tildó la controvertida norma de «chapuza legal e inconstitucional» y confirmó que su partido la recurrirá ante el TC. Eso sí, apurará los tres meses que tiene de plazo desde que la nueva legislación entrara en vigor en el BOE, el 11 de junio, y pese a «las dificultades para aceptar la imparcialidad» de la corte, censuró el jefe de la oposición en Onda Cero.

Esta no es la primera vez que el PP pone en entredicho la neutralidad del tribunal que cuenta hoy con mayoría progresista y que tiene a Conde-Pumpido al frente. En enero, en plena diatriba por la amnistía, el vicesecretario Institucional de los populares, Esteban González Pons, llegó a tacharlo de «cáncer del Estado de Derecho», una crudeza de que se vio obligado a rectificar. Y la semana pasada la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, acusó a Pedro Sánchez de utilizar «la puerta trasera» del TC para exonerar al expresidente andaluz José Antonio Griñán y otros cargos socialistas de la corrupción de los ERE.

Pero el choque sobre uno de los pilares del Estado de derecho subió varios decibelios después de que Feijóo vinculara «la regeneración» democrática anunciada por el presidente Sánchez a que este sea consecuente y defienda que el TC no puede proseguir con su actual composición. «Un tribunal trufado con dos magistrados del Gobierno es inmoral», elevó el listón el jefe de filas de los populares, en alusión a la decisión de Sánchez de incluir en la corte a su exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exfuncionaria de Moncloa Laura Díez. «La primera decisión de regeneración que debería tomar el Gobierno es pedirles a esos dos miembros que presenten su dimisión», lanzó.

Feijóo también se refirió al pasado de Conde-Pumpido como fiscal general durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que no ha tenido cargos políticos como tales, para argumentar sus recelos. «Los antecedentes del presidente del TC no me tranquilizan», agregó. En Génova consideran que el Constitucional no facilita que se fortalezca su independencia cuando «corrige sentencias del Tribunal Supremo» para abaratar condenas por corrupción de cargos del PSOE, en referencia a los ERE. Y acusan a Sánchez de pretender que «el TC y la Fiscalía actúen pensando en sus necesidades políticas de manera sistemática».

En este sentido, aducen que los principios que inspiraron el pacto para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal «impedirían designaciones» como las de estos dos exmiembros del Gobierno o la de Dolores Delgado, que pasó de ser ministra a ejercer de fiscal general. «Hasta para los socialistas es reprochable esta manera de actuar», apostillan estas fuentes.

El posicionamiento del PP fue interpretado por el Gobierno como un paso atrás después del pacto para renovar el CGPJ, que allanaría el camino para nuevos acuerdos sobre la cúpula del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y las vacantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En Moncloa alegan que «respetan» los nombramientos realizados por la formación conservadora para el Supremo y el Constitucional y ven «inconcebible» que Feijóo no haga lo propio con los suyos.

La polémica ayudó al Gobierno a abstraerse del revés que ha supuesto para sus pretensiones la negativa del Supremo a amnistiar a Puigdemont y Junqueras. Resultó llamativo, no obstante, que el miembro del Ejecutivo más crítico fuera la vicepresidenta segunda y excoordinadora de Sumar, Yolanda Díaz, presente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pese a que no había sido interpelada, tomó la palabra para atacar con dureza el nombramiento por parte del PP del magistrado José María Macías, vocal del Consejo del Poder Judicial, para cubrir la vacante del TC que corresponde al Senado tras el acuerdo entre populares y socialistas. Declaraciones que los socialistas enmarcaron a título personal.

«Que lo diga el PP cuando ha designado al señor Macías se descalifica por sí solo», reprobó Díaz en alusión a que los populares hayan optado por un jurista que se ha mostrado, entre otras cosas, muy crítico con la amnistía. La portavoz del gabinete, Pilar Alegría, exigió al máximo dirigente de los populares que rectifique. «Respetar la Constitución es respetar las instituciones», incidió. A su juicio, es «inaceptable» que el líder del PP ponga en cuestión al TC y otras instituciones, aun sabiendo -dejó caer- de que «tiene una crisis de confianza dentro de su partido».