Europa apretará las costuras económicas al Gobierno que ahora inicia su andadura

A falta de que los Estados miembros acuerden una reforma de las reglas fiscales europeas, el Pacto de Crecimiento y Estabilidad volverá a aplicarse el año que viene y, con él, la Comisión Europea abrirá de nuevo los procedimientos de infracción a aquellos países que tengan la deuda pública por encima de 60% del PIB y un déficit superior al 3%. En su Plan Presupuestario para 2024, el Gobierno señalaba que reducirá el déficit al 3% el año que viene, sin embargo, los cálculos de Bruselas lo sitúan en el 3,2%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, asegura que España solo podrá contener el desfase presupuestario por debajo del 3% si retira las ayudas puestas en marcha para hacer frente a la crisis energética y continúa el flujo de los fondos europeos Next Generation, fundamentales para impulsar la transición verde y digital.

El Ejecutivo -en sus Cuentas para 2024- calcula que la retirada de las medidas de apoyo por la alta inflación permitirían un ahorro que equivaldría a casi un 1% del PIB español «en un contexto de mayor estabilidad de precios». Sin embargo, durante el debate de investidura, Sánchez ya anunció que mantendrá, al menos durante unos meses más, algunas de estas ayudas como la rebaja del IVA de la cesta de la compra, que prorrogará hasta junio.

También ha prometido que los viajes en transporte público sean gratuitos para jóvenes y parados; y una mejora de la ayuda joven para pagar el alquiler, así como mantener el bono cultural. La reducción de las ayudas y su focalización en los colectivos y empresas más vulnerables constituye, igualmente, una de las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) a los países de la moneda común para asegurar la senda de reducción de la deuda y el déficit.

Ya en el mes de mayo, la Comisión Europea pidió a España que garantizara «una política fiscal prudente» en 2024 y que limitara el aumento del gasto público primario al 2,6%. El plan presupuestario enviado a Bruselas en octubre estima, finalmente, que -sin un cambio de políticas- este gasto se incrementará en un 2,5%, lo que se sitúa dentro de los parámetros marcados por el Ejecutivo comunitario.

Pese a todo, las principales instituciones económicas han ido más allá, recomendando a España que lleve a cabo reformas en la fiscalidad que permitan crear un 'colchón' para hacer frente a futuras crisis.

El FMI, por ejemplo, manifestó en octubre que era necesario que el país lleve a cabo «alguna reforma en el ámbito de las pensiones», debido al incremento del gasto por el envejecimiento de la población. En ese mismo sentido la OCDE subrayó también el mes pasado la importancia de que España tome medidas «para compensar» el aumento de gasto de la hucha de las pensiones, como «ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida».

El nuevo Ejecutivo también deberá hacer frente a la alta tasa de desempleo que España arrastra desde la crisis financiera de 2007. En un momento en el que el desempleo de la Eurozona y de la UE se mantiene en mínimos históricos (6,7% al cierre de 2022), el país casi duplica esa tasa, con un 12,9%. El Ejecutivo espera que entre este año y el que viene se creen cerca de 700.000 empleos «gracias a las reformas estructurales adoptadas» durante la pasada legislatura. De este modo, espera que la tasa de paro caiga por debajo del 11% el año que viene.

Bruselas es algo menos optimista y prevé que el desempleo en España se vaya reduciendo de una forma más gradual los próximos dos años, llegando al 11,6% en 2024 y al 11,1% en 2025. La fortaleza del mercado laboral dependerá, igualmente, del crecimiento económico. ç

En ese sentido, la Comisión Europea ha mejorado las previsiones para del Gobierno y asegura que España crecerá un 2,4% este año gracias al impulso del consumo privado. En 2024, en cambio, el PIB avanzará tres décimas menos de lo previsto (un 1,7%), antes de repuntar otro 2% en 2022.