Esquerra exige al Gobierno rebajar la malversación para blindar a hasta doce acusados por el 'procés'

El objetivo de esta propuesta, explicó la portavoz de ERC Marta Vilalta en una entrevista a Europa Press, es que «el delito de malversación no sea utilizado para reprimir y perseguir al movimiento independentista y la disidencia política». Una declaración de intenciones que va más allá de la política y que apunta a terminar ante el Tribunal Constitucional dado su complicado encaje legal y más asegurados recursos ante la corte de garantías.

La revisión de la ley y su trascendencia política es una posibilidad que desde la oposición -PP, Vox y Ciudadanos- se considera como una nueva cesión de Pedro Sánchez al chantaje independentista. Pero también desde la propia coalición y buena parte de los socios parlamentarios que la sostienen se cuestiona si un tema tan espinoso como el de la malversación podría beneficiar a la postre a políticos corruptos.

De momento, Unidas Podemos no va a presentar enmienda a la reforma del Código Penal. Así lo avanzó ayer desde Bruselas Yolanda Díaz, quien, asumiendo para sí misma la portavocía de Podemos e Izquierda Unida, apuntó que la coalición trabaja «por un país con más derechos y más avanzado democráticamente». La líder de Sumar prefirió así despejar balones fuera y aguardar a que avance el debate, la misma línea por la que opta el ala socialista del Gobierno.

También desde Bruselas Fernando Grande-Marlaska aseguró que no habrá «ninguna relajación» de las penas en la lucha contra la corrupción. «Vamos a ver primero cuáles son las enmiendas», insistió el ministro del Interior, antes de reiterar que no debe quedar «ninguna duda» respecto a la «firmeza» y a que «en modo alguno se va a relajar la respuesta penal» a este tipo de delitos. Marlaska quiso evitar cualquier sospecha sobre un efecto semejante al de la ley del «solo sí es sí», tras cuya publicación en el BOE los tribunales han atenuado las condenas de, hasta el momento, cerca de medio centenar de violadores y abusadores sexuales.

De esta modificación del Código Penal podrían beneficiarse hasta una docena de antiguos altos cargos secesionistas que evitarían la cárcel a cuenta de las acusaciones que pesan sobre ellos por participar como funcionarios públicos en el 'procés' y la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. También el expresidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a más de seis años de prisión por el 'caso de los ERE', pero al que los tribunales no atribuyen un enriquecimiento personal ilícito. De los cinco magistrados del Tribunal Supremo que firmaron la sentencia dos de ellos presentaron un voto particular en el que argumentaron que Griñán no cometió malversación. El exdirigente del PSOE se encuentra ahora a las puertas de entrar en prisión y a la espera de un posible indulto del Gobierno de Pedro Sánchez en el horizonte.

Marlaska, ministro del Interior a la vez que uno de los juristas de referencia de Sánchez, defendió en la capital comunitaria que la mano dura contra la corrupción es «una de las señas de identidad» del Ejecutivo por lo que se mantendrá «la máxima dureza» contra casos de este tipo.

Mientras desde el Gobierno se pide tiempo, las críticas que más daño hacen en las filas socialistas son precisamente las internas. El presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, considera que alterar las penas del actual delito de malversación va en contra «de lo que piden los españoles». El barón socialista madrileño Juan Lobato valora que «con dinero público, cero bromas» y pone como ejemplo el uso fraudulento de fondos para financiar el 'procés'. Hasta algunos de los líderes regionales más sanchistas, como el castellano-leonés Luis Tudanca, manifiestan su disconformidad con el posible calado de la reforma.