El PSOE llevará hasta el final sus enmiendas a la ley trans y no descarta pactarlas con el PP

Pero lo más difícil viene ahora. Porque, pese a la suavidad con que discurrió la pasada reunión -salvo por las críticas vertidas por el Partido Popular tanto por la ausencia de la presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo, como por el rechazo a su propuesta de comparecencias-, los socialistas mantuvieron sus enmiendas. Se trata de las propuestas de modificación de la ley que sus socios de Unidas Podemos les pidieron que retiraran y que el resto del bloque de la investidura rechaza. Versan sobre la regulación de la reversibilidad del cambio registral de sexo, la consideración de la violencia intragénero y la genuinidad de la violencia machista y, sobre todo, el proceso para la autodeterminación de género de los menores de 16 años -el PSOE propone que se requiera el aval judicial para todos ellos, no únicamente para los menores de 12 y 13 años, según recoge ya el texto de la norma que se aprobó en Consejo de Ministros y que contempla sólo el consentimiento de padres o tutores para la autodeterminación de género de los menores de 14 y 15 años-.

Este lunes tiene lugar la reunión de la Comisión de Igualdad, ya a puerta abierta. La fecha de su celebración se acordó en la ponencia para que pueda ser posible que la norma se apruebe antes de que termine este año, tal y como es el objetivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y en la Comisión, después de la tregua que supuso acordar lo común, saltarán de nuevo las diferencias entre los socios de la coalición y quizás también en las propias filas del PSOE, con una facción de las feministas socialistas muy críticas con este texto legal.

Los socialistas van a la Comisión con sus enmiendas vivas con el objetivo de buscar el consenso. Y afirman que de lo que consigan en ese foro dependerán sus siguientes pasos, lo que implica que, de no resultar aprobadas, podrían llevar sus enmiendas más allá de la Comisión, es decir, a la votación de la ley en el Pleno. Muy en particular, los socialistas no tienen visos de retirar la enmienda sobre el cambio registral de sexo de los menores de 16 años, dado que la consideran una garantía tanto para proteger a los adolescentes como para dar seguridad jurídica a la norma contra los recursos de inconstitucionalidad que prevén que interpondrán los partidos de la derecha. Para que salga adelante esa propuesta de modificación, los socialistas sólo pueden contar con el respaldo del Partido Popular, ya que una decena de grupos parlamentarios, incluido el de Unidas Podemos, están en contra de ese que califican de recorte del contenido de la ley y de los derechos que reconoce.

El PSOE no renuncia al respaldo del PP para que prospere esa enmienda. Pero, en caso de que no logre los votos necesarios y decaiga, los socialistas aseguran que no dejarán caer la norma. De la misma manera, emplazan a Unidas Podemos también a salvar la ley en caso de que esa reforma salga adelante y todos los menores de 16 años tengan que someter a un juez su decisión de cambio de sexo en el registro. Desde el grupo parlamentario morado no aclaran cuál será el sentido de su voto en caso de que ese cambio salga adelante: Podemos no se pronuncia sobre futuribles, afirman.

Junto a la disputa política discurren también los movimientos sociales y, de esta manera, diversos colectivos LGTBI han convocado para este sábado una manifestación en Madrid «contra los recortes en derechos que el PSOE quiere imponer en la Ley Trans y LGTBI». En esa movilización, advierten, «pedirán a los socialistas que no limiten los derechos humanos de las personas trans, ya incluidos en el anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros». No es la primera convocatoria de estas características que se organiza para presionar a los socialistas para que aprueben la versión original de la norma.

La ley trans es una de las normas que parten del Ministerio de Igualdad y que enfrentan al PSOE y a Unidas Podemos. El otro es la ley del 'solo sí es sí': el presidente del Gobierno ha optado finalmente por su reforma para atajar las rebajas de penas que ha propiciado, mientras que los morados siguen resistiéndose amparándose en que la dimensión jurídica de la ley estuvo a cargo de Juan Carlos Campo, exministro socialista de Justicia, ahora promocionado a magistrado del Tribunal Constitucional.