Sánchez entrega a ERC la cabeza de la directora del CNI

El propósito político de la decisión es evidente. El Ejecutivo encontró este martes, sin embargo, dificultades para su justificación. La caída de Esteban, funcionaria del CNI desde hace 40 años, cuando todavía era el CESID, se produce en contra del deseo de su inmediata superior, la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que señalaban como máxima responsable política tanto ERC como el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, y a la que Pedro Sánchez quería preservar, entre otras cosas, dada la proximidad de la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en Madrid a finales de junio. El hecho de que fuera esta la encargada de comunicar su relevo, tras la reunión del Consejo de Ministros, complicó de forma considerable el mensaje.

Robles ni siquiera se refirió en su comparecencia a la crisis del espionaje como causante del cambio que insistió en encuadrar, una y otra vez, dentro de una operación «normal y natural» con la que se pretende «reforzar más si cabe» el papel del CNI, al que definió como un «referente» para los servicios de inteligencia de todo el mundo, en su lucha contra el terrorismo, contra la delincuencia internacional y en su «defensa de la paz». «Habla de destitución -replicó al primer periodista que preguntó por el asunto- y yo le diría sustitución».

Ni aceptó señalar a Esteban como culpable de que -según la investigación interna abierta por el Gobierno a raíz de la reacción de sus socios a la información publicada por 'The New Yorker'- los teléfonos del jefe del Ejecutivo, el suyo propio y, según se anunció hoy mismo, el ministro del Interior resultaran infectados con 'Pegasus' en junio y mayo de 2021 y tampoco admitió que se cuestione el espionaje reconocido a 18 independentistas, entre los que se encontraban el hoy presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en 2019. «Aquí hasta chiquitos jóvenes han hackeado terminales de países importantes. Vamos a poner las cosas en su sitio. Somos vulnerables. Por eso tenemos que invertir al máximo. pero teniendo claro que la seguridad plena no existe», adujo sobre lo primero. «Este Gobierno, todos sus organismos cumplen con la legalidad. Así que legalidad, legalidad... no le acepto destitución sino sustitución», insistió en relación a lo segundo.

La incomodidad de la ministra portavoz y el Secretario de Estado de Comunicación, que siempre asiste a las ruedas de prensa del Consejo de Ministros , con las explicaciones de la ministra de Defensa fue más que evidente. La idea era presentar el cese como resultado de la investigación interna abierta hace tres semanas. Y por eso, antes de ejecutarlo, se esperó a poder presentar el informe completo del Centro Criptológico Nacional, sobre la vulnerabilidad de los teléfonos del Gobierno. El análisis, dado a conocer hoy, concluyó, según el Gobierno, que la brecha que afectó a los terminales de Sánchez y Robles también permitió que un «agente externo» no identificado accediera al teléfono de Grande-Marlaska y le sustrajera 400 megabytes y 6,3 gigabytes en dos ataques en junio de 2021 y que intentara sin éxito entrar en el teléfono del ministro de Agricultura, Luis Planas.

Rodríguez intentó, en vano, colocar el foco donde más interesaba al Gobierno. «La inspiración no es otra que ver qué posibles fallos se han producido y abordarlos en todos los ámbitos, desde el político, al técnico -dijo-; Hay que permanecer alerta a los mecanismos de mejora para sortear riesgos». Pero Robles no fue la única que puso empinada esa cuesta. Porque, el día anterior, también el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, había defendido que no existía «ni una sola razón para que la directora del CNI no esté en su puesto».

Está aún por ver que la cabeza de Esteban sea suficiente para contentar a ERC. Este martes, tras su ejecutiva, los republicanos exigieron «como mínimo» el cese de Robles tanto por haber permitido el espionaje a Aragonès (para los republicanos no es eximente que los pinchazos telefónicas contaran con autorización judicial) como por la respuesta que ofreció en la sesión de control en el parlamento en la que, a su juicio, «justificó» que se intervengan los teléfonos para luchar contra el secesionismo. Este martes, la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, ha evitado apuntar tan alto e incluso ha afirmado que no pondrán «nombres y apellidos» sobre la mesa pero también ha insistido en que la decisión de hoy no basta y ha instado al Ejecutivo a dar más pasos.

El Gobierno siempre ha dado por sentado que Esquerra tampoco quiere dinamitar la legislatura, a pesar de haber amenazado con retirarle todo apoyo si no daba explicaciones satisfactorias sobre este asunto. Sánchez juega con que la alternativa a su continuidad en la Moncloa es un Gobierno del PP apoyado por Vox que los republicanos no desean, entre otras cosas, porque truncaría «el diálogo», del que ha hecho su principal apuesta política. De modo que cuenta con poder encontrar una salida pactada a este embrollo.

La intención de Sánchez a primera hora de este martes era, según fuentes gubernamentales, ponerse en contacto con Aragonès este martes para informarle personalmente del cese de la directora del CNI. Está pendiente que ambos fijen la fecha de la reunión que el jefe del gobierno catalán lleva demandando desde que comenzó la crisis y que el presidente se comprometió a celebrar la semana pasada, cuando se encontraron en el último encuentro del Cercle d'Economía. Además, el Ejecutivo sopesa desclasificar las autorizaciones judiciales que Esteban presentó en el Congreso, como también reclamó el dirigente republicano.