Eligio Hernández, el único fiscal general revocado por el Supremo

El Ejecutivo de Felipe González coló como mérito para sustentar la elección de Hernández que éste, natural de Canarias y militante socialista, había desempeñado funciones asimilables mientras fue gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife y delegado del Gobierno en el archipiélago; un argumento que asumió el Consejo General del Poder Judicial para avalar su nombramiento. Antes de su vinculación política, el aludido había estrenado la toga como juez de instrucción en su tierra y había pasado brevemente por la Audiencia Nacional antes de integrar el cuerpo de magistrados del primigenio Tribunal Superior canario en los años 80 y ocupar un asiento, por designación del Senado, en el CGPJ. El 17 de junio de 1994, cuando apenas llevaba dos años al frente de la Fiscalía General por decisión de González,

la Sala de lo Contencioso del Supremo dictaminó lo que se esperaba: que Hernández no atesoraba esos 15 años de magistratura requeridos para el cargo, que no podían contabilizarse en los mismos los siete en los que había protagonizado responsabilidades gubernativas y que, por lo tanto, su nombramiento era ilegal.

Pero para entonces, el fiscal general ya no lo era. Aunque el desdoro se consumó, Hernández presentó su dimisión un mes antes de que el alto tribunal resolviera y el Consejo de Ministros la aceptó. El jurista, que asegura ahora que García Ortiz debe renunciar por la toxicidad que inocula al Ministerio Público su encausamiento por el caso del novio de Ayuso, siempre ha sostenido que fue él quien decidió irse para preservar la entereza de la institución que encabezaba y no porque se lo exigiera el presidente del Gobierno. Se supo aquellos días, no obstante, que Juan Alberto Belloch, ungido para la supercartera de Justicia e Interior y uno de los vocales del Consejo del Poder Judicial que había respaldado la designación

de su colega, le estaba buscando sustituto.

Y las vueltas que da la vida, la judicial y la política. Preguntado por El País por el revés que se daba por hecho que iba a recibir el Gobierno del Supremo, Belloch se dijo dispuesto a encajar el golpe «no solo deportivamente, sino constitucionalmente. En el momento en que el tribunal, por unanimidad o por mayoría, decida que no se dan los requisitos, el conjunto del Estado debe entender que no se dan los requisitos, y se acabó. Para eso está el Supremo. Es su trabajo». El Gobierno de Pedro Sánchez lleva meses cerrando filas con García Ortiz, primero ratificándole en su puesto tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y ahora atribuyendo su imputación a una especie de persecución fruto de la connivencia del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid y sectores conservadores de la Magistratura. Mientras, Eligio Hernández, el exfiscal general socialista, el único en la historia democrática española que cesó en su cargo, no solo ha conminado a García Ortiz a hacerse a un lado por el bien

superior de la independencia de la Fiscalía. Su último dardo ha ido dirigido a la reforma legal por la que el PSOE pretende restringir la acción popular ante los tribunales y, con ello, la potencial exoneración de la mujer y del hermano del presidente Sánchez.