La declaración del fiscal general como investigado en el Supremo marca un hito judicial

Para el juez instructor Ángel Hurtado, los indicios contra el máximo responsable del Ministerio Público están «apuntalados». Se apoya en los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Unos documentos elaborados a partir de los registros que tuvieron lugar el pasado 30 de octubre en los despachos del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, citada este jueves también como investigada por el mismo delito. Los agentes intervinieron sus dispositivos electrónicos y los correos corporativos.

En uno de esos análisis posteriores, los investigadores señalaron «la participación preeminente del fiscal general en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración» del correo, fechado a 2 de febrero de 2024. En esa línea, se ha aportado «información de peso» con indicios de que los imputados -posteriormente se sumó a la lista el fiscal Diego Villafañe, mano derecha de García Ortiz- «se podrían haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su cargo y no deberían haber sido divulgados».

Pero Hurtado, además, justificó en el auto de citación que hubo un trasvase del citado correo desde la Fiscalía General hasta Presidencia de Gobierno (Moncloa). Un 'mail' en el que el abogado de González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales de su cliente y se abría a un acuerdo. El juez estableció esta conexión a partir de la línea de investigación abierta tras la testifical de Juan Lobato. El exlíder de los socialistas madrileños dimitió tras llevar ante notario un intercambio de mensajes sobre este correo con una asesora de Moncloa, aunque en su auto Hurtado no detalló ningún indicio que le llevara a esta conclusión.

Ante este escenario, la defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, considera que el juez «ha omitido elementos de esencial relevancia» que exculpan a los investigados y sostiene que la instrucción ha destapado «múltiples contraindicios», como que los secretos supuestamente revelados por el fiscal general ya eran de conocimiento público mucho antes.

Varios periodistas a los que Hurtado no ha dado credibilidad testificaron que conocieron el correo antes de que el fiscal general se lo reclamara con urgencia a sus subordinados, la noche del 13 de marzo de 2024, para elaborar la nota de prensa que desmintió el «bulo» lanzado en redes sociales por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, sobre el ofrecimiento del pacto a la defensa de González Amador por parte de la Fiscalía, cuando en realidad fue al revés. En suma, la Abogacía considera que la investigación está sesgada y coloca a García Ortiz «en una situación de indefensión».

El recurso está pendiente de resolver por la Sala y cita otros detalles del caso que, en su opinión, desactivan la causa. Afirma que las comunicaciones investigadas no forman parte de la investigación preprocesal que llevó a cabo la Fiscalía, «ni se incluyeron en el expediente de investigación ni produjeron efecto alguno». «No era un correo secreto ni información privada, fue solo un intercambio de opiniones con el abogado», declaró al juez Julián Salto, el fiscal que investiga a González Amador.

De igual modo, la defensa sostiene que Hurtado confunde la urgencia del fiscal general para salir al paso de las «noticias inveraces» difundidas por el diario El Mundo y por Miguel Ángel Rodríguez con la citada nota de prensa, cuya difusión, alega, está amparada por la ley que regula el funcionamiento de la Fiscalía.

Pero la semana más delicada para García Ortiz tiene una parada previa. Mañana la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo resolverá un recurso de una asociación de fiscales, APIF, contra su propuesta de designación por parte del Gobierno. Considera que su actuación y su «parcialidad» muestran que su nombramiento «no se ajusta a la ley», más aún cuando el alto tribunal le acusó de «desviación de poder» al tumbar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal militar, lo que a su juicio hace que decaiga el requisito de jurista de reconocido prestigio, necesario para el cargo.

Poco después, el propio García Ortiz recusó sin éxito al tribunal que verá este recurso por falta de imparcialidad, ya que son los mismos magistrados que resolvieron el caso de Delgado. Un movimiento que no sentó nada nada bien en el seno de la Sala.