El Ejecutivo usa un atajo para cambiar la ley de enjuiciamiento civil y tratar de apaciguar a Junts

La decisión de meter la reforma procesal dentro de un paquete de medidas de índole fiscal, energética y social resulta llamativa. Pero la modificación en sí estaba en realidad comprometida desde hace medio año, cuando, en una negociación agónica para intentar salvar los tres primeros reales decretos leyes de la legislatura, el Ejecutivo claudicó ante varias exigencias de los 'posconvergentes'. Una de ellas fue la del IVA del aceite, otra la publicación de las balanzas fiscales, también logró la delegación de las competencias sobre inmigración (la única cesión aún pendiente) y por último la derogación del citado artículo 43 bis.

El Gobierno se pasó los días previos a la votación argumentando que no era posible retirar ese apartado de la ley de enjuiciamiento civil porque había sido la propia Comisión Europea la que había pedido su introducción en el ordenamiento interno para clarificar que cuando un tribunal requiere la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para resolver un litigio, es decir, cuando plantea lo que se conoce como una cuestión prejudicial, puede suspender motivadamente el procedimiento en curso hasta obtener respuesta.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, llegó a sostener incluso que de esa incorporación a la legislación nacional dependía el desembolso de una nueva entrega de fondos europeos. Una vez aceptada la exigencia del partido de Carles Puigdemont a cambio de su abstención, sin embargo, matizó tanto el razonamiento económico como el jurídico. Aseguró que los fondos no estaban vinculados a esa reforma concreta sino a un compendio más amplio para la modernización de la justicia (e incluido en uno de los reales decretos leyes que prosperó aquel día) y que, a la postre, la existencia o no del 43 bis nada cambiaba en la práctica.

En esa última afirmación es en la que insisten ahora fuentes del Ejecutivo. Remarcan que las cuestiones prejudiciales ya suspendían procedimientos antes de que se introdujera esa previsión en la ley y que seguirá haciéndolo cuando desaparezca. En cuanto a los fondos, Bruselas desbloqueó hace dos semanas el cuarto pago del plan de recuperación tras considerar que ha cumplido con 60 de los 61 hitos comprometidos, entre ellos, las reformas e inversiones para mejorar la eficiencia y la digitalización de los procedimientos judiciales.

Con la legislatura en el aire, pendiente de que se resuelva la gobernabilidad en Cataluña, la negociación de los Presupuestos Generales del Estado en puertas y dudas sobre la aplicación de la amnistía por parte de los jueces, lo último que necesitaban ahora los socialistas era dar a los de Puigdemont argumentos para que cuestionen el cumplimiento de sus compromisos. Eso puede explicar la maniobra.

En el Gobierno, en todo caso, no se muestran ahora especialmente optimistas respecto a las opciones del líder del PSC, Salvador Illa, de ser investido. Junts sigue insistiendo en que o Puigdemont es investido con los votos de ERC y la abstención de los socialistas o habrá repetición electoral. Y los republicanos, a los que también apela Illa para forjar una alianza progresista de la que deberían participar los comunes, siguen en una posición de máximos y exigen un sistema de concierto como el vasco para Cataluña que el Ejecutivo considera inasumible.

El portavoz parlamentario de esta formación, Gabriel Rufián, echó este jueves en cara al PSOE el acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder judicial e ironizó con que si quiere sacar adelante las Cuentas de 2025 quizá tenga que hablar también con Alberto Núñez Feijóo.