Pedro Sánchez se marcha del Congreso el pasado miércoles. EP

Las dudas que deja sin resolver Sánchez en su carta a la ciudadanía

El presidente del Gobierno no aclara de qué manera se ha defendido su mujer contra las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción mientras apela a su lucha pasada por la «autonomía política» del PSOE

Domingo, 28 de abril 2024

«En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país». La frase del presidente del Gobierno, inesperada y tajante, resonó en el Congreso como una bomba de detonación retardada. Apretando las mandíbulas, con el gesto más duro ... que se le recuerda, Pedro Sánchez pronunció una sentencia que forma ya parte de la historia política de España («a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia»), se levantó de su asiento y se marchó para escribir, en soledad y de su puño y letra, una «carta a la ciudadanía» que ha hecho tambalear la estabilidad del país. Una carta que ofrece respuestas sobre el estado de ánimo de Sánchez, pero que a la vez deja muchas preguntas en el aire, a la espera de los resultados de una todavía incipiente investigación judicial que tratará de encontrar las respuestas.

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1. «Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios»

¿De qué hechos concretos se acusa a la mujer del presidente en la demanda? ¿En qué consisten los delitos de los que se acusa a Begoña Gómez?

Las informaciones periodísticas recogidas en las querellas de la organización que dirige Miguel Bernard se refieren esencialmente a dos actuaciones de la mujer de Sánchez. La primera es la firma por parte de Gómez en julio de 2020 -en calidad de codirectora del Máster en Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid- de sendas cartas cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas que se presentó a concurso del ente público Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía. Se da la circunstancia de que el principal accionista de la UTE, el empresario Carlos Barrabés, había participado previamente en el diseño del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez.

Aquella UTE avalada por Begoña Gómez acabó llevándose los tres lotes a los que optaba tras superar a casi una veintena de rivales. En total, Barrabés se adjudicó 10,2 millones de euros en una época especialmente crítica para la empresa por las consecuencias de la covid. En ninguno de los tres lotes, la UTE presentó la oferta más ventajosa, pero esta sociedad de empresas logró la máxima nota en los apartados de valoración subjetiva y eso le permitió superar al resto de competidores en la calificación final.

La segunda actuación polémica de la mujer del presidente del Gobierno en su actividad profesional recogida en la querella de Manos Limpias es el acuerdo que firmó en 2020 el IE Africa Center de Begoña Gómez con Globalia, la matriz de Air Europa, para un patrocinio. Según publicó El Confidencial en su momento, la esposa del presidente se reunió en privado con el consejero delegado de ese grupo, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía en las mismas fechas que Globalia estaba negociando con el Gobierno un rescate millonario para hacer frente a las pérdidas por la pandemia.

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Al final, el Gobierno concedió a Air Europa una ayuda de 475 millones de euros, una cifra récord en el sector y con la que la aerolínea pudo esquivar una situación económica límite. Aquel desembolso millonario de la SEPI fue aprobado por un Consejo de Ministros en el que participó el propio Sánchez.

2. Las diligencias previas tienen como objetivo «investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios».

¿En qué consisten los delitos de los que se acusa a Begoña Gómez?

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La denuncia señala, en primer lugar, a delitos de tráfico de influencias recogidos en el artículo 429 del Código Penal, en el que se persigue a los particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades «prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este» para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.

La querella del sindicatos ultraderechista apunta a un delito de corrupción privada, también recogido en la demanda, que se regula en el artículo 286 bis del Código Penal y que castiga a quienes «prometan, ofrezcan o concedan a directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros». También afecta a aquellos que «reciban, soliciten o acepten» esos beneficios o ventajas.

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3. «El juez llamará a declarar a los responsables de dos cabeceras digitales que han venido publicando sobre este asunto. En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista»

¿A qué medios se refiere Sánchez y cuándo se empezaron a publicar las informaciones?

En realidad, la resolución del juez llamando a los primeros testigos no es pública, aunque efectivamente ha trascendido que el juez Juan Carlos Peinado quiere interrogar en mayo, como primer diligencia, a dos de los directores de los medios que han publicado las informaciones sobre la actividad profesional de Begoña Gómez. La querella de Manos Limpias cita ocho artículos periodísticos de El Confidencial, Voz Populi, Libertad Digital, Es.Diario y The Objetive.

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Aunque ha habido multitud de artículos anteriores sobre la trayectoria profesional y académica de Begoña Gómez, a raíz del hecho de que dirija un máster en la Universidad Complutense sin tener una licenciatura oficial, las informaciones sobre el trabajo de Gómez se han intensificado a raíz de que en el 'caso Koldo', sobre la trama de compra de mascarillas, apareciera el nombre de Víctor de Aldama, uno de los presuntos cabecillas de este entramado y que habría ofrecido negocios a Gómez.

Las primeras informaciones de esta última hornada contra la mujer del presidente se comenzaron a publicar en El Confidencial el 15 de marzo de este año, unos días después de que el 21 de febrero de 2024, tras casi dos años de investigación, la UCO detuviera a Koldo García, mano derecha en José Luis Ábalos en Transportes.

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4. «Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia como inexistentes (…) Subrayo lo de supuestas informaciones porque, tras su publicación, hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen, lo que, sostenemos, son informaciones espurias».

¿Qué medidas han tomado Begoña Gómez o la Moncloa para «desmentir» estas informaciones?

Solo ha sido desmentida una información de las publicadas: una noticia de The Objetive que afirmaba que «el Gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez» y de la que se hizo eco Telemadrid. Esa información era falsa. La esposa de Sánchez, por su parte remitió el pasado 4 de abril a El Confidencial un correo electrónico en el que amenazaba con «ejercer la acción judicial» contra ese medio de forma coordinada con la empresa pública Red.es. En ese escrito, la mujer del presidente no negaba la veracidad del contenido de las informaciones, sino que denunciaba la literalidad de un titular («La UTE de Begoña Gómez ganó por centésimas al barrer en la fase subjetiva con su firma») porque ella no era parte de esa alianza empresarial, sino que solo la recomendó.

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5. «Fue el Sr. Feijóo quien denunció el caso ante la Oficina de Conflicto de Intereses, pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. La denuncia fue archivada doblemente por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de Vox».

¿Qué ocurrió con la Oficina de Conflictos de Intereses?

La Oficina de Conflicto de Intereses, obviamente, no es un tribunal penal y, por tanto, evidentemente no investiga si hay responsabilidad penal. El pasado 18 de marzo, la OCI efectivamente archivó la denuncia del PP pero solo la responsabilidad del presidente, no de su mujer, por no haberse ausentado de los Consejos de Ministros que tomaron decisiones favorables Air Europa, compañía que presuntamente tendría vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez.

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6. «Esta lucha comenzó hace años. Primero, con la defensa que hicimos de la autonomía política de la organización que mejor representa a la España progresista, el Partido Socialista. Pugna que ganamos».

¿A qué se refiere Pedro Sánchez con «la defensa de la autonomía política» del PSOE y la «pugna que ganamos»?

Tras la repetición electoral de 2016, el PP de Mariano Rajoy ofreció a Sánchez una coalición de Gobierno o, por lo menos, le pidió que no bloquease la posibilidad de un Ejecutivo popular en minoría. «No es no», fue la respuesta de Sánchez, repetida hasta la saciedad, pese a las peticiones de los poderes políticos y económicos y hasta de los barones de su partido para forjar un gobierno que acabase con la precariedad institucional de los meses anteriores. Y aunque le costó el puesto de secretario general del PSOE en el Comité Federal que celebró su partido el 1 de octubre de 2016, Sánchez siempre ha presentado ese momento como una defensa de la «autonomía política» de su partido frente a los grupos de presión, económicos y mediáticos, una «pugna que ganamos», siguiendo sus palabras, cuando volvió a vencer en las primarias de su partido, el 21 de mayo de 2017, justo un año antes de llegar al poder gracias a una moción de censura contra Rajoy.

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7. «Están dispuestos a esparcir fango con tal de» (...) «tapar sus palmarios escándalos de corrupción y su inacción ante los mismos».

¿A qué supuestos escándalos del PP se refiere Pedro Sánchez?

Más incluso que Rajoy, la gran enemiga política, y personal, de Pedro Sánchez es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De ahí que hasta en la «carta a la ciudadanía» le deje una sutil mención. Con «tapar sus palmarios escándalos de corrupción» Sánchez se refiere a la acusación de la Fiscalía de Madrid contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por varios delitos tras cobrar comisiones durante la pandemia. En concreto, González Amador está acusado de dos delitos de fraude fiscal (defraudar 155.000 euros a Hacienda en 2020 y 195.951,41 en 2021) y un delito de falsedad documental por presentar 15 facturas falsas por un importe total de 1,5 millones de euros para reducir los beneficios y pagar menos impuestos. En total, está acusado de defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

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