La cúpula fiscal avala por la mínima a García Ortiz y apoya la amnistía total

A la sesión han acudido 36 de los 38 integrantes de la cúpula de la Fiscalía, cuyo cometido consiste en asistir al fiscal general del Estado en materia doctrinal y técnica. Una mayoría de 19 miembros frente a 17 y una abstención han respaldado la posición del máximo responsable del Ministerio Público frente a sus colegas Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, quienes se negaron a acatar la orden de Álvaro García Ortiz para secundar el borrado penal de la malversación. Una circunstancia que abrió la puerta a la celebración del cónclave de este martes.

No obstante, la decisión que ha tomado el órgano no tendrá un efecto judicial definitivo sobre los potenciales beneficiarios de la ley, como Carles Puigdemont, quien se juega además el levantamiento de la orden nacional de detención, que aún está vigente. Así, aunque la Fiscalía persista ante el Tribunal Supremo sobre el encaje de la malversación en la ley, la última palabra la tendrá tanto el magistrado Pablo Llarena, instructor del 'procés, como la Sala que juzgó y condenó a los líderes independentistas en 2019, presidido por Manuel Marchena.

Pero aún no nos encontramos en ese momento, sino en el paso anterior; en el movimiento de fichas por parte de la Fiscalía y el tenso debate interno y la división en prácticamente dos bloques que se ha producido este martes en la Junta de Fiscales de Sala (máxima categoría de la carrera). Los cuatro acusadores en la causa del 'procés' han defendido de forma individual su posición y han recordado que la orden de su superior jerárquico sobre este asunto es «improcedente y contraria a las leyes».

Por su parte, García Ortiz ha sido el último en intervenir y ha detallado el decreto de 133 páginas que difundió el pasado viernes y que hizo llegar a sus compañeros de la Junta de Fiscales. Un escrito que rebate la tesis de los cuatro del 'procés', ya que -señala- equiparan el «ánimo de lucro» que exige el delito de malversación con el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» de aquellos hechos que la ley no considera amnistiables. Es decir, el perjuicio patrimonial para la administración, resultado de malversar dinero público en el referéndum ilegal de 2017, no es comparable con que hubiera habido un enriquecimiento personal de carácter patrimonial de los encausados por estos hechos.

También ha defendido el fiscal general que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea, porque en estos gastos no hubo fondos comunitarios. Frente a ello, los cuatro 'rebeldes' consideraron que los encausados alentaron «un proyecto inconstitucional de desintegración de España» con perjuicio a las finanzas de la UE. En lo único que coincidieron en que sí es viable perdonar los delitos de desobediencia y desórdenes públicos agravados.

El cónclave formado hoy por 36 miembros ( las fiscales de Sala Beatriz Sánchez y Teresa Gisbert han comparecido por vía telemática y dos han excusado su presencia por «razones médicas») estuvo presidido por el propio fiscal general y también tuvo asiento su número dos, la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez Conde, quien hace tan solo cuatro meses fue la encargada de presentar un informe contrario a la apertura de una causa a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el 'caso Tsunami Democràtic'. Ello pese a que la mayoría de fiscales del alto tribunal opinaron lo contrario.

No obstante, tras la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez en 2018, los últimos nombramientos en la Junta de Fiscalía, la mayoría durante la etapa como fiscal general de Dolores Delgado, propiciaron un vuelco en la sensibilidad de sus miembros. La mayoría de las últimas incorporaciones son de la asociación Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron Delgado y su sucesor García Ortiz.

Finalmente, antes de concluir el cónclave de este martes, el fiscal general ordenó que los nuevos responsables de defender la postura de la Fiscalía ante el Supremo fueran la citada Sánchez Conde y el jefe de lo penal en el alto tribunal, Joaquín Sánchez-Covisa, después de que los cuatro compañeros que llevaron la acusación del 'procés' renunciaran a ello tras quedarse en minoría.