Forcadell admite que utilizó la Presidencia del Parlament para legitimar el 'procés'

Bajo esta premisa, el Ministerio Público apretó este martes el acelerador para defender ante el tribunal del Supremo que Forcadell no solo desobedeció gravemente las resoluciones judiciales, sino que despreció el reglamento parlamentario y desoyó los informes jurídicos de sus letrados para impulsar el 'procés'. «No les hicimos caso porque no eran vinculantes. Ellos hacen informes jurídicos y nosotros tomamos decisiones políticas», aseguró a la Sala.

El interrogatorio a la expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la plataforma que ha servido de cantera a los líderes independentistas, discurrió por dos caminos. Por un lado, en el reconocimiento de la procesada de que los derechos políticos de los diputados priman sobre las normas internas de la Cámara; del otro, en el rechazo a la tesis acusatoria de que su actuación formaba parte de una plan coordinado para obligar al Estado a negociar el derecho a decidir.

Sobre su tarea como presidenta del Parlament y de la Mesa, el órgano que ordena la actividad de la Cámara y admite la tramitacion de leyes, Forcadell expuso un argumento central para defenderse del delito de rebelión, por el que le reclaman 17 años de prisión por liderar el soporte legal del 'procés'. «El trabajo de la Mesa era meramente burocrático, no entraba en el fondo de las leyes propuestas. No se puede alterar el debate político, la palabra tiene que ser libre», justificó la acusada, rebajando su responsabilidad institucional como segunda autoridad autonómica en Cataluña.

«No estamos para valorar la constitucionalidad o no de las enmiedas, porque priman los derechos fundamentales, el pluralismo político, la libertad de expresión o la inviolabilidad parlamentaria del voto», añadió para defenderse de las cinco advertencias que recibió del Constitucional sobre la tramitación de las leyes legitimadoras del 'procés'.

El interrogatorio duró cerca de cuatro horas y fue cogiendo temperatura pasado el ecuador. Sobre todo por las preguntas cada vez más incisivas de la fiscal Consuelo Madrigal y el tono de las respuestas de Forcadell. «Si el único límite a una tramitación parlamentaria son los derechos humanos, como dice, ¿quién interpreta las leyes, usted o el Constitucional?», le espetó Madrigal. «Cumplí con mis deberes. Querían convertir la Mesa en un órgano censor y eso era una cosa imposible», respondió la procesada.

Madrigal intentó entonces dar un golpe de efecto tras mostrarle un vídeo en el que ésta arengaba a las masas tras las primeras detenciones en el 1-O. «No tenemos miedo», dijo. La Fiscalía intentaba probar que también tuvo un papel político, después de que hubiera negado minutos antes al tribunal haber animado a los ciudadanos a ir a las urnas.

Entre el idealismo independentista de Oriol Junqueras y la tesis jurídica de Jordi Sànchez se situó este martes la declaración de Jordi Cuixart. El presidente de Òmnium Cultural invocó a activistas de los derechos humanos como Rosa Parks, Martir Luther King o Gandhi para defender el derecho a decidir.

Durante cinco horas, el procesado por un delito de rebelión como «promotor» de la movilización ciudadana justificó la celebración del referéndum como un acto de «desobediencia civil», el «más grande» que se ha visto en Europa, y aseguró que la única «violencia» que percibió fue por parte de la Policía cuando trató de cerrar los colegios electorales por orden judicial.

A preguntas del fiscal Jaime Moreno, Cuixart matizó la explicación de los mensajes incendiarios que escribió en redes sociales el 20 de septiembre de 2017, uno de los principales indicios para la acusación por su actitud sedeciosa en contra la operación judicial del 1-O. «Rebeldes, armas, sedición... no hay nada de esto, nada de lo que la Fiscalía está intentado crear. Es falso. No incité a causar daños en los vehículo de la Guardia Civil», aseguró Cuixart, cuyas primeras palabras en la vista pública tras pasar 500 días en prisión preventiva se refirieron a su persona: «Yo soy un preso político, no un político preso. Estamos en la cárcel por el hecho de ser activistas sociales y no políticos», señaló el considerado líder civil del 'procés', que se enfrenta a 17 años de cárcel.