Los cuatro escalones de la corrupción en Melilla

En mayo de 2023, cuando la policía detuvo en vísperas de los comicios municipales y autonómicos a una decena de personas vinculadas a Coalición por Melilla (CPM), los investigadores comprendieron que estaban ante algo más que la compra de un puñado –por grande que fuera el montón– de votos en procesos electorales. Los agentes se refieren a la trama como una «verdadera organización criminal en mayúsculas» con un claro reparto de roles. Estos son, según un atestado al que ha tenido acceso este diario, los cuatro escalones de la corrupción en Melilla.

En el nivel A se encontrarían los políticos y cargos de CPM, que en su mayoría forman parte de la dirección del partido y serían también los encargados de la adjudicación de los contratos menores de forma presuntamente fraudulenta a los integrantes del escalón B. Son los que pilotan, de acuerdo a las pesquisas desarrolladas, todo el entramado. «Sus funciones de campo se limitan a personarse en los barrios deprimidos para aparentar cercanía con los ciudadanos desfavorecidos y, a la vez, dar seguridad a la petición del voto, pero sin implicarse directamente en la compra», describen los agentes.

A la cabeza de este tramo, y por tanto de toda la organización criminal, la Policía sitúa al expresidente de Melilla Mustafa Aberchán. Según la investigación, el fundador de CPM es la persona que decide a quién adjudicar los contratos y a quién no. «Es el máximo responsable de los delitos cometidos, es el líder del partido, sin que nadie discuta sus decisiones», afirman con rotundidad los agentes en su atestado, en el que concluyen que Aberchán «viene liderando» la organización criminal desde su condena por delito electoral en las elecciones de 2008.

En el escalón B de la supuesta trama estarían las personas más cercanas a los políticos, que serían adjudicatarios de los contratos y que «conocen muy bien los barrios caladeros de votos», muchos de ellos con múltiples antecedentes delictivos y vínculos con el crimen organizado. Son de la máxima confianza de los integrantes del nivel A, a los que les unen, en muchos casos, lazos familiares.

Según el atestado de la Policía, los miembros de este nivel B «no escatiman el uso de la violencia» en sus métodos, creando una «atmósfera intimidatoria» en busca de conductas que favorezcan los intereses del CPM. También figuraría entre sus funciones repartir «dádivas, promesas o recompensas» y reclutar a los miembros de los siguientes peldaños de la estructura.

Los investigadores de la Udyco, la unidad policial encargada de investigar la trama instalada en la ciudad autónoma, han identificado a un total de 32 personas que coparían los escalones A y B de la escalera de la corrupción melillense, una cifra que concuerda con el número de los sospechosos detenidos en la operación policial desatada el pasado 5 de marzo. A ellas se las trata de vincular ahora con la adjudicación presuntamente fraudulenta de los contratos.

En el escalón C se situarían «personas afines al partido», conocidos todos de los integrantes del nivel B, que manejan directamente los barrios marginales, ya que viven en ellos y los votantes les temen porque saben de sus antecedentes, la mayoría por delitos violentos. «Suelen convencer sobre todo a personas mayores con baja cultura y forzar principalmente a jóvenes callejeros y drogodependientes, sabedores de la indefensión que todos ellos presentan», resume la Policía. Para lograr ese fin, «son contratados en todos los barrios que la organización se marca como objetivos para comprar el voto y se los reparten», apunta el atestado.

Los miembros de los escalones B y C cuentan con la «disponibilidad presupuestaria» obtenida del escalón A para encargarse del pago masivo de votos, «bien a los captadores que han conseguido reclutar, miembros del escalón D, o bien a los votantes captados por ellos directamente», añade el informe policial entregado en el juzgado.

Como no pueden «abarcar todas las zonas», los integrantes del escalón C serían a su vez reclutadores, encargados de ganarse a los captadores del nivel D, «que actúan como escoba». A estos últimos, el partido los contrataría para la ocasión, «pagándoles una suma que está proporcionalmente relacionada con la cantidad de votos por correo que consigan para CPM». En estos dos peldaños se encontrarían los perfiles más violentos de la organización.

Frente a este relato policial de los hechos, las defensas niegan tanto la ilegalidad de los contratos como la estructura descrita por los investigadores, en la que se asemejaría torticeramente, a sus ojos, la organización de Coalición por Melilla con un entramado criminal.

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