Los investigadores sospechan que la trama de Melilla tiene «apéndices» dentro de la Policía

Según uno de los atestados, algunos de los investigados recibieron chivatazos tanto en la redada de mayo de 2023 como de las de este pasado marzo, lo que «comprometió y perjudicó» la instrucción del caso hasta el punto de que podría haber sufrido un «daño irreparable» debido a estas filtraciones, a juicio de la propia Policía. No en vano, algunos de los encausados lograron huir como consecuencia de esta fuga de información que los puso en alerta y otros podrían haber destruido pruebas.

El atestado refleja una conversación por WhatsApp entre dos de los investigados, que tuvo lugar a las 6.45 horas del 23 de mayo de 2023, fecha de la primera redada, y que revelaría que ambos estaban al tanto de la inminencia de la operación policial:

A: X que nos dijeron a las 6.

A: A por todos.

B: No creí.

B: Creo.

A: Es difícil.

A juicio de los investigadores, ese mensaje responde a que, al organizar el operativo, se citó a una unidad policial uniformada a las 6.00 horas, que casualmente fue la única a la se convocó entonces; posteriormente, los agentes recibieron la contraorden de comenzar el dispositivo a las 7.00. «Atendiendo a la dinámica operativa que se estableció ese día, algún funcionario policial que participó tuvo conocimiento o informó a una tercera persona de la existencia del operativo», denuncia la Udyco en el atestado entregado a la jueza.

La primera redada, la de mayo de 2023, se precipitó tras observarse un espectacular incremento en el número de votos por vía postal, lo que llevó a la Junta Electoral a exigir que la entrega en la Oficina de Correos fuese individualizada, personal y presentando el DNI, el pasaporte o el carné de conducir. A partir de ahí se prohibió que una única persona pudiera llevar sacas de sufragios de otros electores, como se podía hacer anteriormente. El episodio se consideró el mayor fraude electoral de la democracia española por el altísimo volumen de papeletas registradas en las oficinas postales: rozaban los 10.000 votos sobre un censo de 55.187 ciudadanos residentes en Melilla y con derecho al sufragio.

En aquella operación policial se detuvo a una decena de personas vinculadas a CPM –entre ellas, un consejero– y se empezó a investigar una red de posibles pagos de entre 50 y 200 euros por sufragio. Una vez tapado el agujero de Melilla, la trama intentó presuntamente buscar otras grietas: se indagó incluso un supuesto intento de soborno de funcionarios de Correos en Barcelona para registrar allí votos para los comicios de la ciudad autónoma.

Los investigadores de la Udyco muestran su pesar por que la situación haya vuelto a repetirse en la redada del pasado 5 de marzo. Los agentes aseguran haber recibido «informaciones confidenciales» relativas a que los investigados «conocen de la existencia de un dato muy concreto del fraude informado de unos seis millones de euros y esas mismas fuentes hablan de la existencia de un próximo operativo policial». Para los agentes, la organización delictiva podría tener «conexiones» dentro de la Jefatura Superior de Melilla.

Es más, el 1 de marzo el líder del CPM escribió por WhatsApp a un responsable de la jefatura para contarle que, durante una manifestación por el conflicto entre Israel y Palestina, una mujer le había contado a una de sus hijas que la semana siguiente la Policía iba a entrar en su casa rompiendo la puerta. El mando policial, que puso los hechos en conocimiento de los investigadores, planteó que, si lo consideraba oportuno, denunciara lo ocurrido. Unos días después, Aberchán fue a comisaría, pero conducido por la Policía y en calidad de detenido en la segunda redada contra el fraude electoral y la corrupción en Melilla, que suma otra treintena de arrestados. Es la 'operación Santiago-Rusadir'.