La crisis migratoria desata una guerra entre el Gobierno y las comunidades del PP

Tras un conato a cuenta de la reforma pendiente de la financiación autonómica y del pleno en el Senado contra la amnistía a los encausados del 'procés' celebrado hace una semana, este es el primer gran enfrentamiento entre el Gobierno en funciones de Sánchez y los ejecutivos autonómicos del PP; el contrapoder territorial de que disponen los populares para responder a las políticas de la Moncloa. El partido de Alberto Núñez Feijóo se muestra singularmente crítico con que los ministerios concernidos no hayan contactado con los presidentes de las comunidades, «los representantes del Estado» en las mismas.

Este jueves, el ministro en funciones de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ofreció por primera vez una cifra aproximada del volumen del operativo, al reconocer que han sido entre 5.000 y 6.000 los inmigrantes que el Gobierno ha trasladado en las últimas semanas desde Canarias a la Península. Según cifró, en estos momentos hay 13.000 migrantes en la red de acogida estatal: 6.000 en las islas y 7.000 en la Península, aunque «no todos vienen de Canarias», precisó.

No obstante, los planes de su ministerio, explican diversas fuentes, pasan por alojar en el continente en breve a unos 11.000 inmigrantes, buena parte de ellos en cuarteles en desuso (en Madrid ya se trabaja en acondicionar instalaciones de Carabanchel y Alcalá de Henares), además de en residencias, hoteles y hostales.

Escrivá se ha convertido en el ariete del Ejecutivo central contra las autonomías 'rebeldes' populares. El ministro ha acusado en los últimos días a Isabel Díaz Ayuso de marcar el paso al resto de ejecutivos del PP en contra de la operación de traslados. Incluso ha afeado directamente a diputados de la oposición, como Rafael Hernando, que aticen «las llamas del odio» después de que el aludido asegurara que el «Gobierno 'sanchista' ha decidido colaborar con el negocio organizado por las mafias del tráfico ilegal de personas, convirtiéndose en el último eslabón de la cadena» con los vuelos a la península.

El titular de Migraciones dio este jueves un paso más al interpretar los reproches como un ejercicio de «utilización xenófoba y política oportunista con este asunto». Cuando en realidad –adujo– la llegada de africanos provocada por esta nueva crisis de los cayucos tiene una «dimensión mucho menor» que la operación para acoger refugiados ucranianos. Entonces se concedió protección temporal a 200.000 personas.

El contrapunto al ministro lo está liderando una Ayuso que no rehúye los pulsos con el Gobierno. Ante la constatación de que un millar de 'sin papeles' van a ser alojados en la Comunidad de Madrid, su presidenta se mostró especialmente dura. «Canarias llevaba mucho tiempo avisando y Sánchez no ha hecho nada hasta ahora», argumentó. «Solo cuando el problema ya se ha desbordado y le superan las imágenes, que es de lo único que viven, es cuando se ha tomado una medida como esta, con nocturnidad», arremetió, al tiempo que acusó al Ejecutivo central de enviar a los inmigrantes a la Península para «quitárselos de encima pero no para ayudarles, para ofrecerles soluciones o para proteger las fronteras».

El presidente andaluz, Juanma Moreno, por su parte, viene insistiendo en que el Gobierno ha de afrontar los traslados «de manera coordinada» e informando «previamente» a los territorios repercutidos. Al menos 500 inmigrantes van a ser acogidos entre Almería y Málaga. La Junta de Extremadura dice haberse enterado de la llegada de 140 inmigrantes a Malpartida (Cáceres) por el alcalde de la localidad. Y la consejera aragonesa de Bienestar Social, Carmen María Susín, ha tachado de «deslealtad institucional» y de «irresponsabilidad» el traslado de otro grupo numeroso de inmigrantes a Huesca. Todos siguen la estela de Fernando Clavijo, el presidente canario que gobierna con el apoyo de los populares, quien ha denunciado la gestión de esta crisis por «insuficiente e inadecuada».

Según los últimos datos a los que ha tenido acceso este periódico, también se están produciendo o se producirán en breve «derivaciones» a la localidad vallisoletana de Medina del Campo con al menos 150 inmigrantes africanos; otros 400 a Galicia, de los que 350 recalarán en Sanxenxo, donde ya se ha criticado la opacidad de la operación; y la Comunitat Valenciana tiene planes ya para dar acogida a otros 350. Además se montarán campamentos temporales en un antiguo hospital militar en Cartagena (Murcia) y en Sevilla.