Corinna Larsen deberá reformular su demanda contra el rey emérito

Los abogados de Larsen ya tuvieron que reescribir en un primer momento el papel que tuvo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español en esta campaña de seguimiento. Lo hicieron tras una resolución de marzo pasado del juez Matthew Nicklin, responsable del caso en primera instancia. Se vieron obligados a cambiar sobre la marcha que la actuación del entonces director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, no tuvo un carácter público en defensa del anterior jefe del Estado, sino que correspondió al ámbito privado por la amistad que le unía con don Juan Carlos. Un matiz relevante que evitó que la demanda comprometiera al CNI y afectara de lleno al Estado español.

Tras esta «frívola» corrección, según recriminaron los magistrados a los demandantes en la vista celebrada en noviembre, la resolución del martes confirmó que al rey emérito le ampara la Ley de Inmunidad Estatal (SIA) antes de su abdicación. La SIA es una norma aprobada en 1978 por el Parlamento británico que deja fuera de la jurisdicción nacional los actos cometidos en su territorio por terceros Estados o por mandatarios de otros países.

En virtud de esta ley se consideran «actos soberanos» del anterior monarca los hechos denunciados por su examante entre abril de 2012 y junio de 2014, cuando decidió pasar el testigo a su hijo Felipe VI. Esto incluye sacar del procedimiento sucesos tan relevantes como la presunta entrada de unos mercenarios en las oficinas de Larsen en Mónaco para recuperar sin éxito documentos sensibles sobre don Juan Carlos. Una operación encubierta que habría estado amparada por los servicios secretos españoles.

Además, queda fuera la primera visita que le hizo Sanz Roldán a Londres para tratar de solventar la devolución de la «donación» de los 65 millones de euros que le entregó el rey emérito después de liquidar la fundación panameña a su nombre. Este fue el germen de la presunta campaña de acoso, según recoge la demanda. También sale del examen judicial las supuestas amenazas por mail o teléfono que le habría hecho el general en mayo y junio de 2012.

En cambio, a la espera de que el procedimiento acabe en juicio, que está por ver aún, sí se verían todos los hechos relativos a la «campaña de hostigamiento» que se habrían desarrollado entre septiembre de 2014 y noviembre de 2020. Unos actos que están documentados porque Larsen los puso en conocimiento de la Policía inglesa en al menos cinco ocasiones, a través de las pertinentes denuncias, y por carta ante los servicios de seguridad internos, más conocido como MI5, y los de inteligencia, el MI6.

Larsen afirma que tras abdicar el anterior jefe del Estado comenzó a viajar con mayor asiduidad a Londres, residencia habitual de ella, y en una de estas visitas concertó una cita a tres con la presencia de su abogado suizo, Dante Canonica, para tratar de solventar la «donación» de los 65 millones y otros pagos. Además, recoge la demanda que don Juan Carlos «trató de sobornar» al conductor de Larsen con la mediación de su jefe de escoltas, Vicente Mochales, y a la asistenta personal de la empresaria, Noelia Muñoz.

Cuenta también que en septiembre de 2018 vio a tres hombres junto a su vehículo en un barrio londinense. Uno de ellos estaba sentado en el pavimento con sus piernas debajo del auto. Dijeron unas palabras en español y al percatarse de que habían sido vistos se fueron. De ello infiere que trataron de colocar un dispositivo de rastreo o descargar información de la computadora. Ese mismo día su asesor James Watt se percató de que su teléfono y su iPad habían sido hackeados. Otros episodios, relata, tuvieron lugar en su casa de campo o en los almacenes Harrods de Londres.