El rey emérito queda libre de las acusaciones de Corinna anteriores a su abdicación

Es posible que la sentencia anunciada este martes ponga fin a la fase preliminar del procedimiento judicial, que hasta ahora ha estudiado la cuestión de la inmunidad. Un juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales decidió en marzo que Juan Carlos no estaba protegido por la ley de Inmunidad de Estado británica, que traduce las convenciones internacionales. Le denegó también el derecho de recurrir.

El rey emérito cambió de abogados y los nuevos convencieron al tribunal de Apelación de que escuchara su caso. La corte anula ahora la competencia de los tribunales británicos para decidir sobre actos denunciados por Larsen, que supuestamente ocurrieron antes de junio de 2014, como el acoso del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, o la intrusión de contratistas del Gobierno español en sus viviendas de Mónaco y Suiza.

La última decisión de los jueces abriría la puerta para que se analice la sustancia restante de la demanda. Corinna Larsen, que habría mantenido una relación sentimental con el rey español y habría recibido de él 65 millones de euros que no quiere devolverle, pide una orden de alejamiento contra el emérito y compensación económica por daños a su salud y a su reputación.

En la narración de hechos que sustenta su demanda en los tribunales británicos, Larsen describe una relación muy tensa con el rey emérito tras su abdicación. Le reclama la devolución del dinero que, según ella, le habría donado. La pareja tiene encuentros en Londres en los que el exmonarca español le amenaza con posibles consecuencias graves.

Afirma Larsen que Juan Carlos habría mantenido conversaciones con amigos comunes en las que habló mal de ella. Sus comentarios, acusándola de haberle robado el dinero, le perjudicaron profesionalmente, perdiendo contratos de consultoría. Personas que tenían apariencia física de agentes españoles de seguridad la habrían seguido en Londres para asustarla. Habría recibido llamadas telefónicas amenazantes.

La empresaria danesa tendrá que demostrar en las vistas de un futuro juicio que los actos que denuncia encajan en la ley de Protección frente al Acoso de Inglaterra y Gales, para que el tribunal dicte una orden de alejamiento contra el emérito. También tendrá que demostrar que sufrió daños de su salud mental y perjuicios económicos derivados de las conversaciones del emérito con otros que justifican el pago una compensación.