El Constitucional rechaza apartar de los ERE a las magistradas Montalbán y Balaguer

La aceptación de una recusación, que raramente se produce, constituye uno de los asuntos más comprometidos que deben encarar los distintos tribunales, tanto los propiamente jurisdiccionales como el Constitucional, dado que supone admitir un eventual riesgo de parcialidad. El partido de Alberto Núñez Feijóo había apuntado contra Montalbán -vicepresidenta de la corte y, singularmente, la ponente de las sentencias favorables a aceptar los recursos de amparo de los condenados por los ERE y, en consecuencia, a librarles del grueso de las penas impuestas por la Audiencia de Sevilla y el Supremo- y contra Balaguer, las dos alineadas en el denominado bloque progresista de la corte. Pero con un añadido dirigido al presidente, Cándido Conde-Pumpido. El PP pretendía también que éste se apartara de la causa porque ya lo hizo, por decisión propia, cuando era magistrado del Supremo, al haber ejercido previamente como fiscal general del Estado.

El primer partido de la oposición había señalado a Montalbán porque como magistrada en su día de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Andalucía tomó parte en 22 sentencias relacionadas con las ayudas públicas que alimentaron el escándalo de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, además de por haber sido galardonada por los gobiernos socialistas por su labor. Las sombras de duda sobre neutralidad de Balaguer provenían de los años en los que integró el Consejo Consultivo de Andalucía y fue ponente de 28 dictámenes sobre los ERE. Feijóo y los suyos creen que el TC está operando en este caso, inadecuadamente, como un tribunal de casación del Supremo y ha acusado a Pedro Sánchez de utilizarlo como «puerta trasera» para hacer lo que a él no se «ha atrevido»: «indultar» a los antiguos ex altos socialistas condenados por el escándalo.