El Constitucional da carpetazo a los ERE al exculpar a los expresidentes Griñán y Chaves

El Constitucional mantiene que hubo prácticas corruptas en la gestión de unos expedientes de regulación de empleo cuya investigación destapó un fraude de 680 millones de euros. Pero el modo en que ha cerrado la parte políticamente más sensible del sumario -en lo que la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y algunos juristas ven una tarea de casación al Supremo que no le competería efectuar al TC- se proyecta con potencia sobre un escenario convulsionado por la evolución del 'caso Begoña Gómez' y en puertas de que el presidente presente, mañana, en el Congreso su plan para «la regeneración democrática». En dos resoluciones hoy paralelas y casi simétricas, la mayoría del pleno que preside Cándido Conde-Pumpido considera que los veredictos de la Audiencia sevillana y del Supremo vulneraron «el derecho a la legalidad penal» tanto de Chaves como de Griñán -en el caso de este último agrega que también se erosionó su presunción de inocencia- y los exculpa con la aceptación «parcial» de sus solicitudes de amparo frente a las penas recibidas.

Penas que en lo que se refiere a Griñán suman seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por prevaricación en concurso medial con malversación, que quien fuera consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 y jefe del Gobierno autonómico entre esta última fecha y 2013 no ha llegado a cumplir en prisión por el tratamiento oncológico al que está siendo sometido; Chaves purga, por su parte, nueve años de inhabilitación especial por el primero de los delitos, el de prevaricar. El TC ordena, al asumir sus respectivos recursos de amparo -de los que ha sido ponente, como en los que abrieron camino, la magistrada Inmaculada Montalbán-, «retrotraer las actuaciones» a la Audiencia de Sevilla para que redacte «un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos». La sentencia cuenta, tal y como ha venido ocurriendo con todas las precedentes del mismo cariz que conciernen a antiguos cargos de los gobiernos andaluces, con los votos particulares de los magistrados de adscripción conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo Alcubilla, César Tolosa y Concepción Espejel, para los que se está abriendo una puerta a «la impunidad».

La argumentación de ambas sentencias, de las que solo se ha ofrecido por ahora nota informativa a la espera de que sean redactados tanto el fallo como los votos particulares, es compleja. Pero en síntesis, y resumiéndolo mucho, el TC sigue la línea trazada con el resto de los condenados a los que ya ha exonerado al resolver que la elaboración de los anteproyectos de ley por el Gobierno -en este caso, los presupuestarios de los ejecutivos andaluces pilotados por los dos expresidentes procesados- y su aprobación posterior como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación. No lo son porque se trataría de meras propuestas sujetas a la ratificación posterior o no del Parlamento y que, según el Constitucional, no tienen ni «trascendencia penal» ni pueden ser por ello «sometidas a control judicial».

La corte de garantías libera a Griñán -cuya situación pendió de un posible indulto que el Gobierno enfrió al no tener que ingresar en prisión por el cáncer que padece- de todas las acusaciones que le llevaron al banquillo, salvo la que aludía a una modificación presupuestaria de diciembre de 2004. A partir de los argumentos antes citados, el TC desliza una severa crítica contra la Audiencia sevillana y el Supremo al subrayar que «desconocen la centralidad del Parlamento de Andalucía en el entramad institucional establecido en el Estatuto de Autonomía" cuando atribuyeron las responsabilidades del caso a los proyectos presupuestarios elaborados por los sucesivos gobiernos.

Y no solo eso. La mayoría del pleno recuerda que las condenas de la Audiencia y del alto tribunal establecieron que esos proyectos acabaron permitiendo que «terceros sustrajeran dinero público, sin que el recurrente (Griñán) realizara actuación alguna tendente a evitar ese proceder ilícito". Pues bien, la corte anula la malversación achacada al expresidente no solo porque al decaer la prevaricación el segundo delito lo hace también al ir en concurso medial. Arguye, por añadidura, que los tribunales sentenciadores no probaron la responsabilidad directa de Griñán, por lo que creen, en consecuencia, vulnerado su derecho a la presunción de inocencia.

En cuanto a Chaves, presidente de la Junta entre 1990 y 2009, la admisión «parcial» de su impugnación implica que se le condenó injustamente por su participación en los anteproyectos y proyectos de ley presupuestarios entre 2002 y 2009, pero que no se vulneraron sus derechos en la parte del castigo penal que alude a los años 2000, 2001 y 2004. Los ejercicios referidos constituyen, no obstante, el grueso de la investigación de los ERE, a la espera del fallo con enmienda que deberá redactar ahora la Audiencia de Sevilla. En la deliberación plenaria de hoy, la corte de garantías no ha aceptado el recurso del exdirector general de Trabajo andaluz Juan Márquez Contreras.

Mañana, los magistrados rematarán la resoluciones de los amparos con los del consejero Gaspar Zarrías y el exviceconsejero Vicente Lozano. La primera de las exculpaciones fue la de la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, que recibió un enigmático mensaje público del presidente Sánchez en un mitin en Málaga cuando aún no se había pronunciado el TC; y en las últimas semanas, el Constitucional ha permitido la excarcelación de los ex altos cargos de la Junta Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Miguel Ángel Serrano.