El Constitucional debate bajo fuerte presión política si frena la reforma de Sánchez

La presión en la que un Constitucional dividido debe tomar la decisión es máxima. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños –uno de los principales artífices de la estrategia diseñada por el Ejecutivo para tratar de poner fin, de una vez por todas, a los cinco meses en los que los vocales conservadores del CGPJ han obstaculizado la renovación del tribunal– lanzó el domingo desde la sede del PSOE una advertencia. «Confío en que mañana el Constitucional adopte una decisión justa y con arreglo a la ley», dijo. Sus socios de Unidas Podemos defienden que incluso no acatar una eventual suspensión de la votación en la Cámara alta. Los socialistas no van tan lejos. «El PSOE ha dado muestras de su respeto a la separación de poderes, siempre hemos sido respetuosos con la justicia» dijo la portavoz de la ejecutiva, Pilar Alegría este mismo lunes. « Pero no me pongan un escenario que como demócrata no quiero -añadió en una rueda de prensa en Ferraz- ni me puedo imaginar»

El polémico cambio legislativo rebaja de tres quintos a mayoría simple la mayoría para que el CGPJ designe a sus dos magistrados en el TC, lo que hace innecesario el consenso entre conservadores y progresistas. También elimina el requisito de verificación de idoneidad por parte del tribunal, lo que convierte en automáticos los nombramientos. Los socialistas insisten en presentar su actuación como una «defensa legítima» y conforme a reglamento frente a un PP que pretende «controlar la democracia por la puerta de atrás». Primero al negarse a facilitar la alternancia en el Consejo, que lleva cuatro años con el mandato caducado y, después, poniendo trabas, a través de los consejeros que ellos mismos nombraron en 2013, a la designación de los dos magistrados del Constitucional que corresponden al órgano de gobierno de los jueces. Un bloqueo que impide, a su vez, que el Gobierno pueda materializar los dos suyos.

No todos en el PSOE comparten la fórmula por la que ha optado Sánchez, un atajo legislativo censurado en múltiples ocasiones por el propio TC por considerar que, entre otras cosas, limita los derechos políticos de los diputados; justo el argumento empleado por los populares en su recurso de amparo. También son muchos los que reconocen que la decisión del presidente de proponer a su exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a una exasesora de Presidencia, Laura Díez, como sus opciones para el Constitucional ayuda poco a rebajar la tensión. Pero aunque haya dudas sobre las formas, sí existe, en términos generales, un sentimiento compartido de que la actitud del PP no es tolerable.

Los populares, por su parte, se escudan, para justificar su negativa a renovar el órgano de gobierno de los jueces conforme a los plazos dictados por la Constitución, en que Sánchez se está saltando principios democráticos básicos para dar satisfacción a la mayoría en la que se apoya y de la que forman parte partidos políticos como ERC o Bildu, que lo que precisamente pretenden es el desmantelamiento del Estado. No es la primera vez, sin embargo, que cuando está en la oposición el PP evita facilitar el relevo institucional.

El coordinador general de la formación conservadora, Elías Bendodo, obvió este domingo la cuestión del bloqueo y censuró que el Gobierno y sus aliados cuestionen la potestad del Constitucional para frenar una votación de las Cortes Generales. «Tenemos la obligación moral y ética de acudir al Constitucional y a donde haga falta para que este delirio dictatorial de Sánchez no siga adelante», adujo. «Cuando a un presidente le estorba la democracia sus contrapesos y seguridad, como le está ocurriendo Sánchez, eso –remachó– es peligroso».

Si la corte de garantías opta por aceptar las cautelarísismas que pide el PP, hará, en cierto modo, historia porque no existen precedentes de un acto asimilable salvo durante el procés, cuando se paralizó un pleno para evitar la ejecución de las leyes de desconexión que habían sido previamente suspendidas. Pero aún no está claro cómo se resolverá el asunto. Para empezar, es probable, según fuentes judiciales, que el asunto no se dirima todavía.

Unidas Podemos solicitó el pasado jueves la recusación tanto de González-Trevijano como de Antonio Narváez. Son los dos magistrados que serían sustituidos por el exministro Campo y Diez nada más entrar en vigor la reforma recurrida por el PP y, por lo tanto, tienen, según los morados, interés de parte. Cabe que eso sea lo primero que se aborde, pero también hay división al respecto y el asunto no figura en el orden del día de este lunes.

Por otro lado, para aceptar debatir la referida recusación primero habría que aceptar la personación del socio minoritario del Gobierno, que al igual que la del PSOE no han sido aún estudiadas. En caso de darse una respuesta afirmativa, desde Unidas Podemos piden al TC que plantee previamente una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si los dos jueces referidos deben abstenerse «de forma automática», una solicitud que en la práctica busca aplazar 'sine die' el pronunciamiento de la corte de garantías.

Fuentes del PSOE coinciden con voces del ámbito judicial, además, en que los magistrados conservadores van a preferir no tomar ninguna decisión sobre la reforma hasta que el Consejo celebre el martes el pleno forzado por los vocales de su misma cuerda a fin de adelantarse a la entrada en vigor de la norma. Y que solo si no logran, como es posible que ocurra, su plan de nombrar al magistrado conservador César Tolosa y al progresista Pablo Lucas (en lugar de José Manuel Bandrés, el candidato del otro bloque) sopesarán la suspensión de la votación del Senado. De fondo, estaría el deseo añadido de impedir que Cándido Conde Pumpido, afín al Ejecutivo, se convierta en nuevo presidente del tribunal que garantiza el cumplimiento de la Carta Magna.