Lo que está en juego en el trascendental pleno del Tribunal Constitucional

Los once magistrados -seis conservadores y cinco progresistas- están citados a las 10 de la mañana. El orden del día recoge la deliberación y votación sobre la admisión a trámite del recurso y las medidas cautelarísimas pedidas por el PP. Estas son las principales cuestiones que se verán en el pleno.

Los grupos del PSOE y Unidas Podemos presentaron una proposición de ley para derogar en el Código Penal el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados, con una pena muy inferior. A esa proposición, los mismos grupos presentaron diversas enmiendas para reformar el delito de malversación, recortando mucho las penas, y modificar las leyes orgánicas del CGPJ y TC para cambiar las reglas sobre elección de nuevos magistrados.

El escrito de 54 páginas, refrendado por 13 diputados populares, fue presentado el pasado miércoles a primera hora. Recoge que se vulneró el derecho de sus parlamentarios a ejercer su cargo cuando la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso admitió una serie de enmiendas a la reforma en marcha «manifiestamente inconstitucionales» y que carecían de «conexión de homogeneidad con el texto de la iniciativa legislativa».

Tras conocer el recurso de amparo del PP y la solicitud de medidas cautelarísimas para suspender la tramitación de las enmiendas, el PSOE registró un escrito ante el pleno firmado por Isaura Leal, secretaria general del grupo parlamentario. Solicitó personarse en el recurso de amparo con el argumento de que una medida cautelar que pueda suspender el procedimiento «impide al conjunto de los diputados que ejerzan legítimamente sus funciones como representantes de los ciudadanos y que tendrá una incidencia directa en el derecho fundamental de todos los diputados de imposible reparación».

Añaden los socialistas que, en contra de lo que alegan los populares, «no pueden existir esos perjuicios, dado que el procedimiento legislativo no ha concluido y la tramitación proseguirá de acuerdo con las previsiones de la Constitución y de los Reglamentos Parlamentarios». A su juicio, «una injerencia del Tribunal Constitucional le colocaría en una posición que no le corresponde», ya que «conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de Gobierno de la Cámara y la mayoría de los diputados que han votado».

Juan Carlos Duque, secretario general adjunto del Tribunal Constitucional, especialista en derecho parlamentario y letrado de la corte desde hace 33 años, emitió un informe contrario a la admisión de la medida cautelarísima pedida por el PP. «La medida cautelar solicitada es novedosa, hasta donde conoce este letrado, en la doctrina de este tribunal. Su concesión, sin audiencia al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, reviste carácter excepcional», explica. La reiterada doctrina del TC se inclina por no conceder la suspensión.

Para ello, Duque señala que la no adopción de la medida «no haría perder necesariamente al recurso su finalidad, pues una eventual estimación de la demanda permitiría reconocer la vulneración del derecho fundamental vulnerado, aunque fuera con efectos meramente declarativos». Ello sin perjuicio de que, en caso de que la proposición de ley llegase a ser aprobada, «pudiera promoverse contra ella recurso de inconstitucionalidad, en el que pudiera solicitarse, en su caso, su declaración de inconstitucionalidad y consiguiente nulidad». En suma, el letrado expone que se debe respetar la autonomía parlamentaria en la medida de lo posible y concluye que la ilegalidad de la enmienda no está clara. En cualquier caso, avisa de que la última decisión es del pleno del TC, quien tiene «un amplio margen de apreciación y de discrecionalidad».

Herminio Losada, letrado del Tribunal Constitucional, elaboró un informe por encargo del magistrado Enrique Arnaldo, elegido a propuesta del PP y ponente del recurso de amparo, en el que apoya su admisión a trámite y la suspensión cautelar de la tramitación legislativa. Apoyado en ese documento, Arnaldo está dispuesto a defender hoy ante sus compañeros la necesidad de suspender la tramitación de la reforma, pendiente de aprobación en el pleno del Senado del jueves.

El grupo de Unidas Podemos registró el jueves ante el pleno del TC un escrito en el que solicita apartar al presidente Pedro González-Trevijano y al magistrado Antonio Narváez alegando que tienen un «interés directo» en que no se renueve la corte porque son los dos magistrados que sustituirán los candidatos designados por el Gobierno. Este domingo el PSOE ha seguido sus pasos, al presentar un escrito para recusar también a los dos magistrados citados y adherirse al de sus socios en el Ejecutivo. Alegan los socialistas que como Trevijano y Narváez fueron elegidos en su día por el hoy expresidente Mariano Rajoy podrían tener «interés directo o indirecto en el pleito o causa».

Sin embargo, el pleno debe resolver primero sobre la personación en este caso de los dos socios en el Gobierno, cuestión aún pendiente. De darse una respuesta afirmativa, desde Unidas Podemos piden al TC que plantee previamente una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si los dos jueces referidos deben abstenerse «de forma automática», una solicitud que en la práctica busca aplazar 'sine die' el pronunciamiento de la corte de garantías.

Estas recusaciones son la principal baza para impedir que en el pleno admita las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP. Y ello porque, si González-Trevijano y Narváez no se apartan voluntariamente, se abre un incidente de recusación que tiene un efecto suspensivo sobre el conjunto del procedimiento hasta que quede resuelto, para lo cual hay una tramitación que contempla plazos de varios días. Un paréntesis durante el cual daría tiempo a que el Senado apruebe la proposición de ley y sus enmiendas.

A lo largo de todo el fin de semana se ha desatado una batall de escritos para tratar frenar o acelerar la decisión judicial. El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha presentado a primera hora de este lunes dos escritos al Tribunal Constitucional a raiz del recurso presentado por el Partido Popular para paralizar la reforma que permite el desbloqueo del propio Tribunal. En el primero, solicita que el TC eleve al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea «la vulneración del principio de imparcialidad en el que incurren los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez y se pronuncie sobre su deber de abstenerse -sin esperar a que se les recuse- y si de inclumplirse este deber de abstención, sitúa al procedimiento afectado en un cauce de nulidad de las actuaciones».

En el segundo escrito presentado, Unidas Podemos recuerda al Tribunal Constitucional que« se encuentra pendiente una resolución de reconsideración a la Mesa del Congreso», lo que supone que el recurso de amparo presentado por el Partido Popular es claramente prematuro por no haber agotado la vía previa parlamentaria, lo que conlleva que debe ser inadmitido de plano.