El Constitucional culmina la liquidación de los ERE con la 'absolución' del todopoderoso Zarrías

24 años después de que comenzara el desvío de fondos públicos a bolsillos privados en Andalucía, el Pleno de la corte de garantías, en la última sesión destinada a estudiar las apelaciones contra los fallos de los ERE, dio carpetazo judicial definitivo a este caso al estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por Zarrías contra las sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que lo condenaron por un delito continuado de prevaricación a las penas de 9 años de inhabilitación especial, con accesorias. El Constitucional, como ha hecho con el grueso de los condenados por el desvío de dinero de los fondos de ayuda a la promoción de empleo, declaró que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal, al tiempo que ordenó retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo «respetuoso con los derechos fundamentales infringidos».

La sentencia, que una vez más salió adelante con el apoyo de los vocales progresistas, contó con los votos particulares de los magistrados conservadores Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla y César Tolosa Tribiño y de la magistrada Concepción Espejel Jorquera.

Exactamente con los mismos apoyos y mismos detractores el Pleno del Tribunal Constitucional igualmente estimó parcialmente el recurso de amparo interpuesto por Antonio Vicente Lozano Peña, exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, condenado también a 9 años de inhabilitación especial, con accesorias.

Con los fallos sobre Zarrías y Lozano se pone punto final definitivo a un larguísimo y enrevesado proceso judicial que empezó en 2011, pero que se remonta a supuestas irregularidades que comenzaron a cometerse con la llegada del nuevo siglo. Unas tropelías que el Constitucional ha confirmado que efectivamente existieron, pues considera probado que hubo prácticas corruptas en la gestión de unos expedientes de regulación de empleo cuya investigación destapó un fraude de 680 millones de euros.

Sin embargo, la corte cree que no se puede considerar responsables de ese millonario desfalco a los políticos socialistas que fueron condenados porque, en síntesis, entiende que la elaboración de los anteproyectos de ley por el Gobierno -en este caso, los presupuestarios de los ejecutivos andaluces pilotados por los dos expresidentes procesados- y su aprobación posterior como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación. No lo son porque se trataría de meras propuestas sujetas a la ratificación posterior o no del Parlamento y que, según el Constitucional, no tienen ni «trascendencia penal» ni pueden ser por ello «sometidas a control judicial». En las resoluciones del Pleno que se vienen sucediendo desde junio, el Constitucional ha puesto el acento entre las diferencias entre las actuaciones cometidas entre 2000 y 2001 y las relativas al periodo 2002 y 2009. A diferencia de las del primer tramo, las últimas contaron con el paragua legal de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos que se aprobaron en el Parlamento de Andalucía.

Durante las últimas semanas, el Constitucional ha analizado una docena de recursos y en su gran mayoría ha dado la razón a los condenados. Las sentencias del tribunal de garantías han supuesto la libertad de tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo -que ya gozaba del tercer grado penitenciario-, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Los fallos del TC, además de exonerar de cualquier responsabilidad a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía, y condenada a 9 años de inhabilitación, o dejar sin efecto los también 9 años de inhabilitación a Chaves, también han evitado definitivamente que Griñán llegue a pisar la cárcel, pese a estar condenado a una pena de 6 años de prisión y 15 de inhabilitación, que venía esquivando por estar sometido a un tratamiento oncológico