El Constitucional admite a trámite el recurso contra la reprobación del Rey

El máximo intérprete de la Carta Magna aún debe decidir sobre el fondo del asunto, pero, de momento, la respuesta del Ejecutivo ha pasado un primer filtro. El Gobierno ya admitió en su día que, al margen de que el texto de la Cámara catalana careciera de relevancia jurídica y de que de él no se desprendiera efecto legal alguno, acudía al Tribunal Constitucional porque lo consideraba políticamente conveniente. En el PSOE, sin embargo, no faltó quien calificó de arriesgada la jugada y advirtió de que un fallo en contra de la corte de garantías se podría entender no como un varapalo a Sánchez sino a la Monarquía, precisamente, la institución que se trata de proteger.

En los últimos meses tanto Podemos como las fuerzas independentistas han puesto en marcha una estrategia de desgaste de la Corona. Iglesias, que durante un tiempo dejó a un lado su agenda republicana, argumentó el mes pasado que ha llegado el momento de abrir un debate sobre la forma de Estado. Izquierda Unida avisó de que llevaría mociones similares a lal Parlament y a la que también aprobó el Consistorio de Barcelona a diversos ayuntamientos.

Ya han sido varios los intentos de estas fuerzas de abrir en el Congreso una comisión de investigación sobre los negocios del rey Juan Carlos. La semana pasada IU incluso escribió una carta al antiguo monarca para pedirle que comparezca a petición propia en la cámara baja para dar su versión sobre las actividades irregulares que describió su amiga Corinna zu Saynt Wittgenstein al excomisario Vilalrejo, acusado de extorsión.

El PSOE está decidido a jugar la carta de la estabilidad institucional, pero por si acaso, hace unas semanas envió un escrito a sus agrupaciones para dejar claro cuál es la consigna de Sánchez: nada de votar a favor de las iniciativas republicanas.