El Gobierno recurre una resolución del Parlament a dos días de la cita con Torra

La decisión lanza un aviso a las fuerzas secesionistas, pero también a los partidos de la oposición que recelan de los gestos realizados hasta la fecha por Moncloa en su intento de allanar el camino al diálogo; desde la voluntad de ignorar los desplantes de Torra al Rey o al embajador en Washington, Pedro Morenés, a la premura con la que, una vez ha concluido la instrucción del juez Pablo Llarena, se ha procedido a trasladar a los presos preventivos acusados de rebelión o sedición a cárceles catalanas. «Lo jurídico va por un camino -subrayó Celaá- y la política por otro. El Gobierno siempre actuará con firmeza y proporcionalidad, pero determinado a seguir el cauce político».

La portavoz gubernamental ya advirtió en su primera comparecencia tras asumir el cargo, hace ahora un mes, que en relación con Cataluña se avanzaría con la Constitución en una mano y el diálogo en la otra. «Nuestra obligación es ofrecer a esa parte del secesionismo, nada despreciable, que admite los excesos del pasado un espacio en el que aterrizar», argumentan fuentes cercanas a la Moncloa. «Pero no vamos a aceptar que se incumpla la ley».

La moción que impugnará el presidente del Gobierno, una vez obtenga el informe preceptivo del Consejo de Estado, fue impulsada por la CUP y respaldada tanto por Junts per Catalunya como por Esquerra. Estas dos fuerzas matizaron que no dan al texto más valor que el meramente «simbólico» y admitieron que no aporta nada al momento actual, pero les pudo el temor a ser señalados como blandos o traidores por los anticapitalistas, así que lo avalaron pese a las advertencias de los servicios jurídicos de la Cámara, que aconsejaron su retirada. La propia declaración del 9 de noviembre de 2015 a la que hacía referencia ya fue suspendida por el tribunal.

Celaá insistió en que al Gobierno socialista no le temblará el pulso en impugnar cualquier vulneración de la Constitución o el Estatuto de autonomía pero también insistió en que en su ánimo está rebajar la conflictividad con Cataluña. De hecho, el lunes Sánchez ofrecerá a Torra estudiar la retirada de 23 recursos presentados por Mariano Rajoy contra leyes de contenido social o actuaciones de la Generalitat; completar transferencias pendientes (en materias como salvamento marítimo y protección civil, formación sanitaria especializada, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o ejecución de la legislación estatal en materia de trabajo y relaciones laborales) y acometer inversiones estratégicas vinculadas, por ejemplo, con el Corredor del Mediterráneo.

El mero hecho de que Torra acceda a empezar a trabajar sobre todos esos asuntos en las comisiones bilaterales previstas en el 'Estatut', -como ha dado a entender esta semana el presidente catalán al designar ya a los representantes de esos órganos que, en algunos casos, no se reunían desde el año 2011- sería para el Ejecutivo central un buen síntoma. «El Gobierno de España trabaja en interés de los catalanes y vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas», insistió la ministra portavoz.

En lo que Sánchez no dará su brazo a torcer será en el reconocimiento de la «república catalana». Celaá repitió que no existe, ni en la Constitución española ni en la de ninguna otra democracia moderna, el derecho de autodeterminación y avisó: «Eso no tiene ningún recorrido».