La Constitución cumple 45 años en plena batalla política

La Constitución de 1978, sabia en muchas de sus regulaciones, no ha podido ser reformada por nosotros mismos siguiendo los cauces de reforma (salvo en 1992 y 2011 por exigencias de la UE). Ha habido un falso respeto y error garrafal al no querer modificarla en aspectos obvios (la igualdad de género en la sucesión a la Corona o la penosa alusión a los «disminuidos»); o en otros sobrevenidos se ha optado por modificarla con trapacerías mediante normas de rango inferior reescribiendo preceptos constitucionales.

Nos permitió vivir en una democracia plena durante parte de los 45 años de vigencia gobernando partidos que respetaban el derecho de los otros a gobernar. Una democracia plena es la que reúne todos los criterios que organismos acreditados internacionalmente puntúan. Cuando solo reúne algunos criterios se le llama regímenes híbridos, iliberales autoritarios o autocráticos. Entre democracia y dictadura hay una rica gama de grises en las autocracias.

La España constitucional nos garantizó, hasta ahora, el respeto de los derechos humanos y la periodicidad y limpieza de las elecciones. Sin embargo, elementos fundamentales de una democracia están menguando: no hay garantías para la igualdad de la ciudadanía al reconocer que los socios políticos del Gobierno tienen licencia para delinquir y, además, malversar caudales públicos. Los jueces tienen la obligación expresa de juzgar la totalidad de los delitos con respeto a la Constitución, pero ahora el Gobierno les exonera de su mandato constitucional. La separación de poderes se ha visto difuminada por el abuso exponencial del decreto-ley, o por las fraudulentas proposiciones de ley redactadas por el Gobierno para eludir los contrapesos constitucionales del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, etc.

Las democracias plenas establecen redes de salvación o válvulas de control para que cada institución juegue su papel y funcionen los contrapesos contra cualquier exceso de los tres poderes del Estado. Es fundamental el control judicial con su pirámide de recursos para evitar tanto errores interpretativos como actos intencionales de los jueces y tribunales. Si hubiera pruebas de prevaricación en la instrucción o fallo judicial se debe denunciar para que un tribunal constate o no el delito judicial. Lo que no puede permitir una democracia es el escrache parlamentario a los jueces que cumplan con la Constitución (acuerdo PSOE-Junts). El acuerdo hecho público entre esos dos partidos y la publicación del proyecto de ley de amnistía son, de momento, el último episodio de acoso a la Constitución.

Frente a la concepción absolutista de siglos atrás, en una democracia no hay un derecho ilimitado a decidir para la mayoría parlamentaria. La democracia no es solo elecciones periódicas (las hay en todas las autocracias y muchas dictaduras). No cabe democracia sin el contrapeso del poder judicial y control constitucional independiente.

Debería preocuparnos que la ciudadanía confíe más en Europa que en el Tribunal Constitucional, guardia pretoriana del Gobierno de España.

La Constitución cumple 45 años y es obligado celebrarlo. No debemos cansarnos de reiterar lo que este largo periodo de estabilidad política supone frente a los escasos y cortísimos periodos democráticos vividos con anterioridad en España.

Este aniversario se celebra en medio de un ambiente político tormentoso. Ello no puede ensombrecer los enormes logros alcanzados. Disfrutamos de un robusto sistema de derechos fundamentales, situado entre los países de primera línea en este campo, fundamento de la libertad personal y de la convivencia política y social, eficazmente garantizado por los tribunales españoles y europeos. La alternancia en la dirección política del país, como consecuencia de elecciones periódicas libres, está garantizada. La separación de poderes funciona de forma real y efectiva de forma suficientemente satisfactoria. A pesar de lo que algunas voces airean, hoy por hoy, el Estado de derecho no está en riesgo estructural en España.

Asimismo, el sistema constitucional abrió la vía al reconocimiento de la diversidad territorial, consustancial a la realidad española, alcanzando una solución de la que, hasta ahora, España no había sido capaz. Junto a ella, la diversidad lingüístico-cultural se ampara en unos términos de vanguardia en el mundo de los países multilingües.

En conclusión, el sistema constitucional inaugurado en 1978 ha permitido a España, por primera vez en su historia contemporánea, consolidar un sistema político capaz de garantizar la estabilidad democrática de forma adecuada a su singular realidad; y de que dure en el tiempo. Solo desde la inconsciencia o desde la irresponsabilidad se puede negar, con ocasión de este aniversario, la celebración de lo conseguido; o desde esa actitud que Joseph Roth calificaba como «escepticismo irónico», refiriéndose al desdén con el que valoran el sistema quienes -por ser sus grandes beneficiarios- tendrían que ser sus grandes defensores.

Los logros, sin embargo, no pueden impedirnos ser conscientes del carácter relativo de lo alcanzado. En nuestra historia, cuatro décadas y media es mucho; pero es poco si lo comparamos con los países que han logrado una larga y saludable vigencia de su sistema democrático. Nuestro reto debe ser emularles de la mejor forma en ese objetivo.

Esos logros tampoco deben llevarnos a ignorar los problemas que aquejan a nuestro sistema y a eludir los retos que debe afrontar. El enconamiento del ambiente entre partidos, la apropiación partidista de la Constitución y su utilización como arma arrojadiza o la negativa a dar cumplimiento a las leyes para beneficio propio, han creado un ambiente profundamente insalubre. La colonización de los órganos de control -destacadamente, el TC- con personas de probada fidelidad partidista es fuente de desconfianza respecto al conjunto del sistema, aunque no haya impedido, hasta ahora, el funcionamiento adecuado de los contrapesos al poder.

La Constitución es un sistema vivo, que necesita continua regeneración. El sistema político español está mostrando peligrosos signos de inmovilismo, de falta de iniciativa para enfrentarse a los problemas y encarar las reformas necesarias para afrontar los retos a que obliga la realidad. Una incapacidad que tiene el riesgo de convertir la Constitución, progresivamente, en un fósil de lo que debió seguir siendo una viva realidad. Impedirlo es nuestra obligación.

El aniversario de un texto jurídico político, sea hoy la Constitución o el domingo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede servir para observarlo desde las preocupaciones del momento. Así las reflexiones nos dicen tanto de quien mira y sus circunstancias como de lo que es mirado, en un diálogo que debe ser leal, con normas y criterio, pero al tiempo flexible y vivo.

Este año podríamos, por ejemplo, subrayar las paradojas del discurso constitucional. Advierto que paradoja no es un término necesariamente peyorativo y mucho menos acusatorio. La paradoja nos ayuda a reconocer nuestras complejidades.

Puede haber quien otrora defendiera la bondad del sistema de garantías constitucional y de pronto lo vea ya subyugado por un acuerdo político que en todo caso deberá pasar por esos controles y equilibrios constitucionales que, cuando de cepillar estatutos se trataba, se entendían como imparciales y obedientes solo a derecho. Ahora esas garantías no parecen suficientes y se sobreexcita el discurso constitucional para desestabilizar un gobierno que de momento es tan constitucional como cualquier otro lo haya sido.

Órganos del gobierno judicial mantienen mandatos caducados y extendidos por la incapacidad de aceptar un mecanismo que tiene su fundamento en la Constitución. Algunos de esos cargos amplían arbitrariamente sus funciones para participar en debates políticos ajenos a sus competencias debilitando así la legitimidad de sus mandatos. Para rechazar ese cursi término de 'lawfare' se procede de forma que se confirma lo denunciado, como quien se pone violento ofendido porque lo acusan de tal y porque quiere defender que no lo es.

Quienes hace pocos años más cuestionaban el ordenamiento constitucional hoy participan de él y se comprometan a proyectar sus demandas en ese marco, mientras que quienes les reprochaban no hacerlo se indignan ahora precisamente porque tal cosa suceda. Lo que podría ser visto como un éxito constitucional se convierte, con empeño artificioso y sobreactuado, en un problema porque la Constitución podría dejar así de ser un instrumento uniformizador.

En relación al autogobierno vasco, el acuerdo de gobierno recientemente firmado hace escasa fechas incluye un mandato para «negociar y aprobar, tanto en Euskadi como con el Estado, el autogobierno futuro empleando las potencialidades de la Disposición Adicional Primera de la Constitución y de la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika (…) tanto en el seno de las instituciones vascas como en las Cortes Generales».

Este acuerdo, fiel a nuestra tradición pactista y de naturaleza bilateral, si se fuera concretando sin prisas ni maximalismos, podría resultar un buen ejemplo de cuidada búsqueda de acomodar la identidad constitucional vasca con la institucionalidad constitucional española, para escándalo de que quienes, por un lado o por el otro, prefieren imaginarlas incompatibles y condenadas al inevitable dominio final de una sobre la otra.

Nuestra realidad política es, por fortuna, más rica y compleja que cualquier visión binaria. Estrechar los límites de la Constitución a los extremos justos de nuestra posición para excluir de ese espacio al resto sería el peor homenaje que cabría hacerle. Sería, paradoja final, darles la razón a quienes la perciben como excluyente. Hay posesivas y desconfiadas formas de amar que, bien es sabido, son destructivas.

Se cumplen 45 años de la aprobación de la Constitución de 1978 por referéndum nacional. Un amplio consenso político precedió a una amplia aprobación del texto constitucional por la ciudadanía, un 87,78% de votos afirmativos, que correspondían al 58,97% del censo electoral. En Cataluña el porcentaje de aceptación fue todavía mayor, un 90,46%. Nos creímos, prácticamente todos, que el consenso había incluso integrado a los denominados nacionalismos periféricos, cosa que hoy hemos comprobado que no fue exactamente así.

Ello ha eclosionado en los años del 'procés' y, singularmente, en nuestros días. Los partidos nacionalistas, pese a haber obtenido el peor resultado electoral que se recuerda, han obtenido un impulso político inusitado y totalmente desproporcionado de la mano de un partido, el PSOE, que siempre habíamos situado en el arco constitucional. La investidura del presidente Sánchez, quien ha optado por las alianzas extremas, tanto a izquierda como a derecha, está convirtiendo este aniversario constitucional en un punto de inflexión que puede derivar en el desmoronamiento del sistema democrático.

La Constitución fue concebida como una Constitución de integración y las instituciones políticas se conforman en ella a través de procedimientos de consenso. Salvo el Congreso y el Senado, se precisan amplias mayorías para la elección de los principales órganos porque así lo quiso la constituyente, del mismo modo que también es necesario un gran consenso para su propia reforma. Sólo la hemos reformado dos veces, ambas en relación con nuestra integración en la Unión Europea. Pero ha habido otros intentos porque, por ejemplo, el modelo territorial no quedó cerrado; y no se cerró precisamente porque lo que regula la Constitución es como ponerlo en pie. Y otras regulaciones, que no siempre precisan de reforma constitucional, también precisan un 'aggiornamento', para hacer frente a los retos globales actuales.

Sin embargo, la incapacidad de los dos grandes partidos para seguir por la senda del consenso y del acuerdo, ha derivado en el hecho de que cuando cualquiera de ellos no ha contado con mayoría absoluta, haya optado por un acuerdo con el nacionalismo periférico que ha derivado en una especie de federalismo de la centrifugación, en el que se han cedido competencias a comunidades autónomas que, lejos de responder a dar respuestas adecuadas a las necesidades ciudadanas, han ido incrementando las cuotas de poder de aquellos que, finalmente, están optando por la destrucción del sistema constitucional.

Lejos, pues, de poder celebrar lo que ha sido internacionalmente considerado como un éxito, derivado de una Transición a la democracia basada en la integración social, política y económica (no olvidemos el precedente de los Pactos de la Moncloa), hemos de lamentar que el actual Gobierno se haya empecinado en aprobar una ley para amnistiar a los golpistas catalanes y a orillar a la soberanía nacional para trasladar lo que corresponde decidir a la nación en su conjunto a reuniones clandestinas en el extranjero apoyadas por «verificadores internacionales» como si estuviéramos en una situación bélica o de narcoterrorismo. Todo ello aderezado, además, de una crisis que pone a los jueces en el punto de mira y bajo el control de quienes han de ser controlados por ellos, como es intrínseco a todo Estado de derecho.