Aniversario constitucional en tiempos inciertos

Cuatro décadas y media, casi medio siglo, es un periodo temporal significativo; muy especialmente desde la perspectiva constitucional si tenemos en cuenta nuestra accidentada experiencia histórica, en la que se han sucedido textos constitucionales –siete en el siglo XIX, además de los proyectos que no llegaron a entrar en vigor– o ni siquiera hemos podido tener un régimen constitucional –la mitad del siglo XX (1923-31 y 1936-78) carecimos de Constitución–. En este contexto histórico, no cabe duda de que, con independencia de las valoraciones críticas que pueden, y deben, hacerse, un periodo de cuarenta y cinco años de vida constitucional continuada es una efeméride que merece ser conmemorada.

Pero un aniversario conmemorativo, también el de hoy, debe servir para algo más que una celebración protocolaria, que suele ser a lo que quedan reducidas las actividades que acompañan la fecha. Lo que tiene realmente interés es aprovechar el escenario que proporciona el aniversario para plantear las cuestiones que se suscitan en el momento actual en torno a la Constitución y a las instituciones que emanan de ella. Tarea que siempre es aconsejable en buena lógica constitucional, pero lo es mucho más en una coyuntura política como la actual, en la que las cuestiones institucionales y los problemas planteados en relación con ellas son los principales factores de polarización de las posiciones políticas en liza.

Una primera cuestión a tratar hace referencia al proceso de creciente deterioro institucional, que afecta directamente a elementos nucleares de la propia Constitución y que no solo no tiene trazas de que vaya a entrar en vías de solución próximamente sino que no faltan indicios que apuntan hacia la cronificación de una situación de 'impasse' que ya empieza a ser una constante en el accidentado proceso político que seguimos. Se trata, sin duda, de una de las cuestiones que por su incidencia en las relaciones institucionales es preciso afrontar de forma prioritaria y a la que, aprovechando el aniversario constitucional, no estaría de más dedicarle toda la atención necesaria.

Precisamente coincidiendo con esta efeméride tiene lugar también otro aniversario, de signo distinto aunque relacionado asimismo con la vida de las instituciones constitucionales, que señala la prolongación forzada por quinto año consecutivo (el mismo periodo temporal de duración del mandato) del relevo de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es, sin duda, la muestra más expresiva del deterioro institucional al que hacíamos referencia, que en este caso incide directamente en una de las instancias clave del sistema institucional como es el órgano al que la propia Constitución encomienda las funciones decisivas en lo relativo al gobierno del Poder Judicial.

Si bien ese bloqueo del CGPJ representa la expresión más clara del deterioro de las instituciones constitucionales, ello no debe ocultar que esta situación es extensible en buena medida a otros ámbitos y a las relaciones interinstitucionales en general. La aguda polémica, acompañada de permanentes conflictos entre las principales instancias, alrededor de la tramitación en curso de la proposición de ley orgánica de amnistía es un reflejo de la anómala situación en que se desenvuelve la vida institucional en el momento actual. Como lo es, asimismo, la no menos anómala situación generada con motivo de la polémica sobre el 'lawfare' y las reacciones que en torno ella se vienen sucediendo.

En este contexto político, que no deja de ser de lo más incierto por lo que a la vida institucional respecta, el aniversario constitucional bien puede proporcionarnos una ocasión para abordar el tratamiento de los principales problemas que tenemos planteados en este terreno, fruto de la situación anómala en la que estamos inmersos. O, al menos, para adoptar actitudes que permitan recuperar una normalidad institucional y, por consiguiente, constitucional. Esta sería la mejor forma de conmemorar un aniversario, el 45, que además marca el inicio del último lustro para completar un periodo de medio siglo de vida constitucional que, dados nuestros antecedentes históricos, resulta inédito.