El conflicto lingüístico dificulta la estrategia de ERC de ampliar su base secesionista

Una estrategia que pasa por crecer en las zonas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, allí donde el PSC tiene sus feudos, que lo fueron ocasionalmente de Ciudadanos entre 2017 y 2021, y donde la lengua castellana es mayoritaria. Lo es en toda Cataluña, pero especialmente en muchos barrios periféricos de Barcelona y en localidades como L'Hospitalet, Santa Coloma de Gramanet o Cornellà. En todas esas zonas, ERC puso hace años en marcha la 'operación Rufián', que defiende un independentismo que se declara no nacionalista (a diferencia de Junts).

Al secesionismo le cuesta penetrar en el llamado cinturón rojo metropolitano, donde la gente, con raíces en el resto de España, habla castellano. Un ejemplo. Badía del Vallés, localidad próxima a Barcelona solo tiene un concejal soberanista (ERC). En L'Hospitalet hay 5 sobre un total de 25 y en Santa Coloma, 3 sobre 27. Pere Aragonès ha mantenido un perfil bajo en toda la polémica sobre la lengua. No ha acudido a Canet de Mar (Barcelona), donde sí ha estado el consejero de Educación, pero el jueves que viene encabezará una reunión en el Palau de la Generalitat, en la que pretende impulsar un «pacto nacional» para blindar la inmersión lingüística. La comunidad educativa que aboga por el monolingüismo, que es mayoritaria en la enseñanza, le aprieta para que lidere la defensa del catalán.

Hasta la fecha, la educación no universitaria en Cataluña se ha basado en un modelo que sitúa el idioma catalán como única lengua vehicular en la enseñanza. Todas las asignaturas se imparten en catalán en la escuela pública y la concertada, salvo las dos o tres horas semanales de castellano e inglés. Este sistema lleva décadas en vigor, con un amplio apoyo político y social, pero este consenso se ha roto por primera vez.

A partir de la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto, la justicia ha obligado al Govern a impartir al menos el 25% de las clases en castellano. La Generalitat no tendría que hacer muchos cambios para acatar la última sentencia del TSJC, ratificada por el Tribunal Supremo, sobre el 25% de español. Según datos del Govern, el castellano se emplea de media un 18% en la primaria, el 19% en la secundaria y el 26%, en el bachillerato.

La Consejería de Educación, en manos de ERC, ya elaboró en la pasada legislatura un informe que actualizaba el modelo lingüístico y contemplaba reforzar el castellano en aquellas zonas donde el catalán es mayoritario y a la inversa, potenciar el catalán en las áreas metropolitanas. El informe se quedó en un cajón. ERC tiene la presión de los sindicatos de enseñanza y las plataformas soberanistas para que no toque ni una coma del sistema de inmersión.

Los de Junqueras tienen un dilema, pues corren el riesgo de verse arrastrados por los sectores más nacionalistas, como Plataforma por la Lengua, la ANC o los firmantes del manifiesto Koiné, que apoyó Laura Borràs y considera a los castellanohablantes «colonos lingüísticos» del franquismo. Junts ya le aprieta advirtiéndole de que la estabilidad del Govern está en riesgo. Pero unirse a esa estrategia identitaria frustraría todos los avances logrados por los republicanos intentando ampliar la base en la Cataluña de habla hispana.

De momento, la Generalitat ha acatado la sentencia en Canet, pero se la juega con la del TSJC, que afecta a todos los centros. El dilema lo tiene también el PSC, que siempre ha defendido el modelo de inmersión, pero aboga por introducir cambios y por acatar los fallos judiciales. Los socialistas, un partido catalanista, se plantean si sumarse al bloque que impulsa Aragonès, que se reunirá el jueves en el Palau de la Generalitat. En el lado opuesto, la voz cantante la lleva Vox, ya que el Partido Popular y Ciudadanos se encuentran ahora en una situación de irrelevancia en Cataluña.