El Gobierno y el secesionismo radical presionan a Aragonès por el conflicto de Canet

El Gobierno, al que el PP aprieta para que haga cumplir la ley en Cataluña, reveló una llamada de la ministra de Educación al consejero catalán del ramo para trasladarle su disposición a colaborar para proteger al menor de la familia que ha pedido más clases en castellano. El Ejecutivo condenó además las amenazas contra estos padres. La Moncloa, que exige a la Generalitat que cumpla la sentencia que obliga a impartir el 25% de las clases en español, no verbalizó ninguna crítica a la administración catalana, pero ésta iba implícita en las palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, contra un Govern que ha condenado tibiamente las supuestas amenazas y no ha salido a defender públicamente a la familia señalada y sí lo ha hecho con todas la demás.

La familia del menor pidió amparo a la justicia y el Tribunal Superior de Cataluña respondió este viernes con una providencia que ordena al Govern y a la dirección de la escuela que garanticen la protección y la intimidad del niño y de los padres que han conseguido por la vía judicial que su hijo reciba el 25% de las clases de P5 en castellano en Canet de Mar (Barcelona). La resolución llega después de que la familia presentara un escrito para pedir a los jueces que aseguren la seguridad de su hijo, su intimidad e identidad y evitar la discriminación y su señalamiento.

La Generalitat, dice el escrito, debe adoptar las «medidas necesarias» para «preservar la protección e intimidad» del niño de cinco años y sus padres, así como garantizar «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo». La protección del anonimato de la familia, en cualquier caso, no se hizo de una forma del todo diligente, toda vez que el nombre y los apellidos del padre y de la madre circularon este viernes por algunas webs independentistas, que señalaban al matrimonio, añadiendo datos sobre su profesión y aseguraban que el padre fue candidato de Ciudadanos en las municipales.

Existían además dudas sobre cómo se haría compatible la orden judicial con la protesta que convocaron el sindicato de la CUP y el Sindicato de Estudiantes de los Països Catalans en Canet. En un principio, la concentración se había programado a las puertas del centro escolar, justo a la hora de la salida de los niños. Pero los otros padres de la clase que ya imparte el 25% de las materias en castellano pidieron a las organizaciones secesionistas que trasladaran la protesta a otro sitio, pues consideraban que la familia que reclama más castellano corría el riesgo de ser señalada.

La marcha, a la que acudieron varios centenares de personas, entre ellas dirigentes de ERC, Junts y la CUP, cambió su ubicación. Pasó cerca de la escuela pero no frente a la entrada como estaba previsto inicialmente. Ciudadanos calificó la protesta a favor del monolingüismo como un «escrache separatista» y un acto de «acoso y hostigamiento».

Aun así, el consejero catalán de Educación, Josep González-Cambray, que el jueves visitó el centro escolar y arropó a la dirección, fue el más criticado y llegó a ser tildado de 'botifler' por acatar la sentencia judicial y admitir que no podía hacer mucho más. El independentismo radical llamó a la desobediencia y emplazó al consejero a tomar el control de la escuela para asumir las responsabilidades ante el no cumplimiento del fallo judicial.

Mientras, la Fiscalía abrió este viernes diligencias por amenazas. La asociación 'Hablamos español' interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona contra lo que considera una campaña soberanista que incita a su juicio a la violencia y el odio. El Ayuntamiento de Canet también denunció que ha recibido amenazas por parte de ultras españolistas.