Las cinco claves del pelotazo de Luis Medina y su amigo

Luceño, haciendo valer su falsa posición de fabricante y agente de la compañía malaya, infló los precios de forma desproporcionada, incluso para la situación de tensión que vivía el mercado internacional de material sanitario esos días. De ese sobreprecio (un 60% en las mascarillas, un 81% en los guantes y un 71% en los test) fue de donde salieron las elevadísimas comisiones de los dos socios.

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Solo las mascarillas cumplieron los estándares por los que había pagado el Ayuntamiento. Los guantes de nitrilo no fueron de 4 milímetros de grosor (gran calidad) y para cubrir gran parte del brazo. Llegaron guantes de «ínfima calidad», según la Fiscalía, y que solo cubrían hasta la muñeca. Esos guantes, por los que el Ayuntamiento de Madrid pagó dos euros el par, se estaban vendiendo en esos días en los supermercados de la capital a ocho céntimos. El engaño fue de tal magnitud que los comisionistas acabaron devolviendo al consistorio algo más de 4 millones de dólares. De los 250.000 test para detectar la covid, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad medianamente aceptable.

Aun a pesar de la devolución de los cuatro millones de euros por los guantes, Medina y Luceño se embolsaron 6,1 millones en comisiones. 5,1 fueron para Luceño y un millón para el aristócrata. Luceño se gastó casi inmediatamente 2,5 millones en comprar 15 superdeportivos, además de una vivienda en Pozuelo y multitud de relojes. El hijo de Naty Abascal adquirió un velero de más de 300.000 euros y 400.000 en bonos, que han desaparecido.

La querella inicial de Anticorrupción contra ambos es por la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. No obstante, este listado podría agravarse. Medina podría ser acusado también de «frustración de la ejecución» (el antiguo alzamiento de bienes) por haber vaciado sus cuentas al enviar buena parte del dinero de las comisiones a Holanda. A su vez, su socio podría ser acusado también de un delito fiscal por haber declarado las comisiones a través de una empresa creada 'ad hoc' y no como IRPF, por lo que tendría que haber pagado más impuestos.