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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy una resolución en la que reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el «máximo respeto» en sus «valoraciones políticas» al juez de Madrid Juan Carlos Peinado, responsable de la investigación penal contra su esposa, ... Begoña Gómez. El comunicado de la Comisión Permanente, reunida este lunes de forma extraordinaria para no interferir en las elecciones europeas, ha sido respaldada por la unanimidad de sus miembros, entre ellos el presidente interino del Consejo Vicente Guilarte.
El único punto del orden del día de la Permanente, el órgano ejecutivo del CGPJ, era pronunciarse «sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial». Se referían, entre otras, a la carta a la ciudadanía que difundió el pasado martes Sánchez tras conocerse la citación como investigada de su esposa Begoña Gómez el próximo 5 de julio, dentro de la causa que se sigue por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares.
En la citada misiva, la segunda tras la del 26 de abril, el jefe del Ejecutivo señaló lo siguiente: «Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones», escribió Sánchez en un crítica implícita a la interferencia del juez Peinado en la campaña.
En respuesta, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha manifestado hoy que, «en defensa y amparo de la independencia judicial, se ve en la necesidad de recordar que las resoluciones judiciales, si bien están sujetas a la crítica moderada y racional de quienes discrepen de ellas y a su impugnación por quienes estén legitimados para recurrirlas a través de los cauces legalmente establecidos, merecen el máximo respeto de todos y, de manera especialmente cualificada, por quienes están al frente de las instituciones, sin excepción alguna«.
Por ello, el órgano ejecutivo del CGPJ hace «un nuevo llamamiento a la contención y a la evitación de cualquier clase de juicio de intenciones que solo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional de la que la independencia judicial es uno de sus pilares fundamentales».
En clave interna, en un mensaje dirigido a los jueces y magistrados, el Consejo también recuerda a los integrantes de la carrera judicial que «deben tener la seguridad de que pueden desarrollar su potestad jurisdiccional con plenitud, en cualquier momento, circunstancia o situación, de acuerdo con las previsiones constitucionales».
Pero Sánchez no fue el único miembro del Gobierno que se pronunció la semana pasada sobre la actuación del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La vicepresidenta tercera del Gobierno y cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, aseguró que el magistrado se saltó la pauta habitual de no tomar ninguna decisión que pudiera interferir en una campaña electoral. Aunque evitó hablar de prevaricación, indicó que lo que está sucediendo es «muy burdo».
Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, apuntó que la citación de Begoña Gómez «claramente interfiere» en las elecciones europeas. En el caso de portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, aseguró que «todo este proceso está resultando claramente extraño y burdo, porque hay una norma, una ley no escrita», que está «avalada por el Tribunal Supremo», acerca de que «no se dictan cuestiones judiciales en procesos electorales para no poder alterar los posibles resultados electorales», y, «sin embargo, en esta ocasión no se ha respetado».
El pasado jueves, solo 48 horas después de este reguero de declaraciones y de la carta a la ciudadanía de Sánchez, el propio juez Peinado salió a la palestra en una resolución para reprogramar la citación de un testigo del 'caso Gómez'. Respondió de forma implícita al presidente del Gobierno que «ninguna ley» paraliza una investigación en curso pese a encontrarnos en periodo electoral. «Este instructor no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso» en campaña electoral, aseguró.
El magistrado continuó justificando su decisión de citar a Begoña Gómez ante la ausencia de una ley que diga lo contrario y subrayó con cierta sorna que «por la junta electoral de zona o la junta electoral provincial no se ha comunicado que haya sido proclamado en el proceso electoral vigente ninguna de las personas que hasta el presente momento han sido citadas como testigos o investigada», en clara referencia a la esposa de Sánchez.
Los jueces de instrucción de Madrid, reunidos este lunes en una junta convocada la semana pasada, han aprobado un comunicado de apoyo al magistrado Juan Carlos Peinado «frente a los ataques profesionales, personales y familiares que está recibiendo en las últimas semanas y el cuestionamiento permanente de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial, como consecuencia de una investigación concreta», en referencia al caso de Begoña Gómez.
La junta presidida por la jueza decana de Madrid María Jesús del Barco, a la sazón presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria de la carrera y de perfil conservador, reprocha en su comunicado «las descalificaciones que hemos escuchado estos días procedentes de quienes ostentan cargos en el Ejecutivo, incluso del propio Presidente del Gobierno, que lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, de manera constante, trata de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces».
Finalmente, recuerdan que la ley «es igual para todos, sin privilegios, y, desde esta premisa, seguiremos desempeñando nuestra función constitucional, como integrantes del poder judicial y de servicio público a los ciudadanos».
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