El juez Peinado responde a Sánchez que «ninguna ley» paraliza una investigación en periodo electoral

Sánchez hizo algunas alusiones a la citación del 5 de julio de su cónyuge, investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción de los negocios entre particulares. "Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones", escribió el jefe del Ejecutivo.

Pues bien, 48 horas después, en una providencia de un folio en la que pospone a la semana del 17 al 23 de junio la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés a causa de su enfermedad, Peinado comienza la resolución matizando entre líneas las citadas palabras de Sánchez. "Este instructor no conoce precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso" en periodo electoral.

El magistrado continúa justificando su decisión de citar esta semana a Begoña Gómez ante la ausencia de una ley que diga lo contrario. "La costumbre, como fuente supletoria del derecho, en el sentido de manifestación del sentir popular expresada mediante la reiteración de actos, en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico, será de aplicación, como se ha dicho, en caso de ausencia de ley".

Asimismo, el magistrado que lleva 50 días investigando las actividades profesionales de la consultora tras estimar una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, registrada a partir de informaciones periodísticas y en contra del criterio de la Fiscalía, subraya con cierta sorna que "por la junta electoral de zona o la junta electoral provincial no se ha comunicado que haya sido proclamado en el proceso electoral vigente ninguna de las personas que hasta el presente momento han sido citadas como testigos o investigada", en clara referencia a Begoña Gómez.

Sin embargo, Peinado utiliza este argumento para responder a la comparecencia efectuada en el juzgado por el médico hematólogo Joaquín Martínez, quien realiza el seguimiento del tratamiento del testigo clave Juan Carlos Barrabés, el empresario contratista de la administración pública que está vinculado a la esposa de Gómez por sus relaciones laborales.

El juez acuerda la práctica de la prueba testifical en el mismo Hospital 12 de Octubre de Madrid donde se encuentra ingresado. Para ello, reclama a la gerencia del centro que le informe del día y la hora en la semana comprendida entre el 17 y el 23 de junio en la que puede acudir, acompañado del fiscal y del denunciante. Se ampara para ello en la denominada prueba preconstituida, conforme al artículo 448 de la Lecrim, para casos de incapacidad física del compareciente "antes de la apertura de juicio oral". Esto supone que lo que declare tendría plena validez en la fase de enjuiciamiento. Por lo que ya se pueden intuir las intenciones del instructor.

Pero el presidente Sánchez no ha sido el único miembro del Gobierno que se ha pronunciado esta semana sobre la actuación de Peinado. La vicepresidenta tercera del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, reiteró que el magistrado se saltó la pauta habitual de no tomar ninguna decisión que pueda interferir en una campaña electoral. Aunque evitó hablar de prevaricación, indicó que lo que está sucediendo es «muy burdo».

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, apuntó que la citación de Begoña Gómez «claramente interfiere» en las elecciones europeas. Y señaló que la decisión «carece de lógica procesal» porque, a su modo de ver, a día de hoy no tiene razones diferentes de las que tuvo en su día para no llamar a declarar a la esposa del presidente del Gobierno.

En el caso de portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes, se mostró "absolutamente cautelosa y prudente, y sobre todo respetuosa con la división de poderes, y por tanto con el poder judicial". No obstante, a renglón seguido aseguró que "todo este proceso está resultando claramente extraño y burdo, porque hay una norma, una ley no escrita", que está "avalada por el Tribunal Supremo", acerca de que "no se dictan cuestiones judiciales en procesos electorales para no poder alterar los posibles resultados electorales", y, "sin embargo, en esta ocasión no se ha respetado".