El CGPJ decide hoy si elige a sus candidatos al Constitucional con la tensión redoblada

La casi totalidad de los vocales conservadores, que suman diez puestos por siete de los progresistas y el jurista designado por el PNV, Enrique Lucas, protagonizan desde hace seis meses una estrategia dilatoria en los dos nombramientos al Constitucional. Los candidatos estaban llamados a ser aupados a la corte de garantías fruto del acuerdo entre ambos bloques, dado que la ley del Poder Judicial establece una mayoría cualificada de tres quintos; es esa ley, justamente, la que ahora quieren cambiar el PSOE y Unidas Podemos por la vía de las enmiendas recurridas por el PP ante el propio TC.

La realidad es que, en un contexto de acusada polarización entre los dos grandes partidos, ese acuerdo necesario no solo no ha sido posible, sino que la votación se ha ido aplazando por el juego del gato y el ratón que el ala conservadora libra con el Gobierno.

Frontalmente opuestos a la doble reforma legislativa del Ejecutivo por la que, primero, se despojó al CGPJ de su función esencial para nombrar cargos por encontrarse en interinidad y, después, se le devolvió pero solo con respecto al TC y para reorientarlo a una mayoría progresista, los vocales conservadores se hicieron los remolones durante semanas sin tan siquiera poner sobre la mesa ningún candidato. El revulsivo que ha desembocado en el pleno extraordinario de la tarde de este martes es el último golpe de mano del Gobierno al lanzar la reforma legal para forzar la renovación del Constitucional trocando en mayoría simple la de tres quintos requerida ahora al Consejo.

La respuesta de los conservadores ha sido la de cambiar el pie y acelerar ahora el pleno pendiente con dos propuestas encima de la mesa: el también conservador César Tolosa, presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, y su compañero en la misma Sala Pablo Lucas, este de adscripción progresista. Lucas es hermano del vocal propuesto por el PNV, el cual se abstendrá cuando la opción de su familiar se someta a la consideración del pleno de este martes. Al otro lado, los progresistas se decantan por otro juez de lo Contencioso del alto tribunal, José Manuel Bandrés, que no cuenta con el aval de los conservadores porque lo consideran afín al Gobierno y proclive a dar cobertura a la aspiración del ex fiscal general del Estado y hoy magistrado del TC Cándido Conde-Pumpido de presidir la corte de garantías. Una de las vocales de este sector, Clara Martínez de Careaga, es la esposa de Conde-Pumpido.

Así las cosas, la posibilidad de una solución acordada este martes -cuando cada vocal podrá votar por dos nombres- se antoja poco menos que imposible; y altamente trabajoso que salgan adelante los dos candidatos que, una vez apuntados los dos suyos por el Gobierno -el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez-, permitirían renovar la presidencia, la vicepresidencia y dos magistraturas del TC hoy con el mandato ya cumplido. Esa renovación, de consumarse, se haría, por lo tanto, conforme a la ley vigente y no a la propugnada por el presidente Sánchez que ha desembocado en la colisión entre poderes.

A falta de una salida consensuada, lo que puede acabar resolviendo el dilema de este martes es la calculadora. Si Enrique Lucas se abstiene en el conjunto de la votación, no solo en la que atañe a su hermano, los vocales pasarían de 18 a 17, aunque la mayoría cualificada exigida -11 miembros del pleno- no variaría; es decir, seguiría siendo preciso un pacto entre ambos sectores para el desbloqueo. Pero no cabe descartar que en ese escenario al límite, según sugieren las fuentes jurídicas consultadas, los conservadores pidan que se aparte Martínez de Careaga por interés personal en la votación. La mayoría precisa se rebajaría entonces a 10, que es, exactamente, la que puede sumar en solitario el ala conservadora.