El rechazo del Poder Judicial a la ley de Vivienda aboca a un conflicto institucional

Los vocales Enrique Lucas, propuesto por el PNV, y José Antonio Ballestero, avalado por el PP, han enviado a sus compañeros del Consejo su borrador sobre la ley de Vivienda. El dictamen tiene casi asegurada su aprobación por una mayoría similar al quince a seis con que fue rechazado el pasado 14 de enero el primer informe del vocal Álvaro Cuesta, promovido por el PSOE. El argumento central del nuevo texto, de 59 páginas, es que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica» y, por tanto, el «núcleo de su regulación» y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución «corresponde a cada una de las comunidades autónomas».

Por este motivo, prosigue el análisis de Lucas y Ballestero, «esa 'expropiación' de la regulación autonómica por el legislador estatal generará, sin duda, una situación de gran inseguridad jurídica al resultar ciertamente difícil determinar qué norma habrá de aplicarse, la estatal o la autonómica, cuando no concuerden entre sí».

El informe rezuma un tono crítico a la calidad técnica del proyecto gubernamental. Este aspecto ya fue motivo de largos y serios enfrentamientos durante su negociación entre los socios del Gobierno. La anterior vicepresidente primera, Carmen Calvo, frenó en varias ocasiones en la comisión de subsecretarios el visto bueno para que entrase en el índice del Consejo de Ministros. Esos reparos motivaron las quejas del entonces vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y otros ministros de Unidas Podemos, que veían intenciones políticas donde Calvo apreciaba deficiencias jurídicas.

El informe de los dos redactores del dictamen viene a dar la razón a la exvicepresidenta. Señala que el texto del Gobierno defiende el derecho a una vivienda digna y adecuada, que si bien se reconoce en la Constitución, no se «define» en el anteproyecto. Precisan que el hecho de estar recogido en la Carta Magna no lleva aparejado el carácter de «derecho subjetivo exigible ante los tribunales». Se trata, añaden, de «una directriz constitucional que obliga a todos los poderes públicos a procurar su efectividad».

Lucas y Ballestero lamentan asimismo en su análisis que el texto gubernamental contienen tal cantidad de normas que es «farragoso». Otro vocal lo definió como «churrigueresco».

Los ponentes, además, hacen algunas consideraciones preventivas ante la previsible respuesta crítica del Gobierno. Recuerdan al Ejecutivo que «el alcance de la función consultiva del Consejo no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe», en este caso el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo, prosigue, «carece de toda capacidad» para determinar a qué criterios debe ceñirse el Poder Judicial porque es un órgano que se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, «cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos».

Una alusión nada velada a anteriores críticas de la Moncloa al Consejo por entrar en el fondo del proyecto en vez de limitarse a establecer si cumple con los requisitos procesales. Un argumento que, a buen seguro, volverá a utilizar el Gobierno en respuesta al revés que se avecina.

El parecer del Poder Judicial no es vinculante para el Ejecutivo, que tiene la intención de seguir adelante con su proyecto diga lo que diga el Consejo. Un encontronazo que abre la puerta a un conflicto institucional que acabará de dirimirse en el Tribunal Constitucional, ya sea porque el propio Consejo recurra a la corte de garantías o lo haga alguna comunidad autónoma o las fuerzas políticas legitimadas para hacerlo (PP y Vox). Los ponentes ya sugieren en su análisis que esa será la vía de solución al conflicto.

El Gobierno guardó este lunes silencio sobre un texto que de momento es solo un borrador. El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, se limitó a apuntar que el Gobierno «estudiará» el informe y determinará «lo que tiene que hacer» aunque ya garantizó que a ley saldrá adelante en el Congreso y el Senado con «total garantía y seguridad jurídica».

Más airada ha sido la reacción de Unidas Podemos. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general del partido, Ione Belarra, arremetió en Twitter contra el Consejo por su «reacción obsesionada con impedir el avance social y dificultar el cumplimiento» de la Constitución. Aún más rotunda fue la portavoz de la dirección de los morados, Isa Serra, que mantuvo que el informe demuestra que «hay un Consejo General del Poder Judicial que está liderando la oposición al Gobierno de este país».