El Gobierno desoye la oferta del PP y se enroca en un estado de alarma de seis meses

El Gobierno pretende llevar este jueves la prorroga del decreto al Congreso para su votación, solo una semana después de que la moción de censura de Vox fracasara estrepitosamente y se abriera un nuevo juego de equilibrios en la Cámara baja. De hecho, Pablo Casado, que afronta su primera prueba de fuego tras cortar amarres con el partido de Abascal, no se cierra a apoyarla, pero condiciona el voto favorable de los 89 diputados de su partido a que el estado de alarma se limite a «un máximo» de ocho semanas, un plazo que finalizaría el 20 de diciembre, justo antes de las fiestas navideñas y que, en su opinión, «servirá para controlar la curva de contagios».

Casado sostiene, al igual que hizo durante la primera oleada de la pandemia, que el estado de alarma «debería aplicarse para cuestiones puntuales y estar sometida a que el Gobierno rinda cuentas en el Congreso». También cree que su decreto supone «la constatación de un gran fracaso», como lo calificó durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

Por ello, otra de las exigencias que han trasladado a Moncloa es la aprobación de un «plan B jurídico» para restringir la movilidad sin necesidad de recurrir a esta herramienta jurídica. Una reivindicación que los populares llevan formulando durante toda la crisis sanitaria y cuyo objetivo es modificar la Ley Orgánica de Salud Pública de 1986 para que esta permita «limitar la movilidad en caso de pandemias y gestionar quirúrgicamente los confinamientos», señaló.

El líder de los populares calificó su oferta de «generosa» y considera que «la oposición siempre ha tendido la mano al Gobierno», sin embargo, pese a que su partido sigue explorando una nueva línea estratégica que ya no gira en la oposición frontal al Ejecutivo, sí mantiene sus críticas a la gestión de este. Sobre el texto del decreto cuestiona que la autoridad delegada recaiga sobre las comunidades autónomas, «no es gobernanza, sino parapetarse en las autonomías», sostiene. También cree que hay aspectos de este que «podrían ir contra la Constitución», como «agredir la separación de poderes al decir que no habrá control jurisdiccional en los actos de limitación de derechos fundamentales» y que «contraviene» las recomendaciones de la Comisión Europea firmadas en mayo por el propio Sánchez, en la que se señala que la excepcionalidad constitucionalidad «debe durar lo menos posible y acudir a la legislación ordinaria».

Tales cuestiones auguran otra negociación complicada. Además, los votos del PP no son los únicos que están aún condicionados por concesiones del Gobierno. Ciudadanos no se ha mostrado tajantemente en contra de que el estado de alarma se extienda a lo largo de medio año y defiende la necesidad «de un marco estable de seguridad jurídica para que se puedan ir adoptando medidas a largo plazo», según afirmó este lunes el portavoz adjunto de los liberales, Edmundo Bal. Pero, al igual que el PP, consideran «imprescindible» que el Gobierno «rinda cuentas» en el Congreso para sostenerlo. «Entendemos que estos dos principios se pueden conjugar», señaló.

Lo cierto es que el juego de equilibrios parlamentario para sacar adelante la prórroga de un estado de alarma parecían desterrados de la política nacional. La última vez que el Ejecutivo acudió al Congreso para solicitarla, el pasado 3 de junio, lo logró gracias a 177 votos a favor, 155 en contra (PPy Vox, entre ellos) y 18 abstenciones (ERC, Bildu yBNG).

Ahora la situación ha cambiado y toca hacer nuevas cuentas. Además de los votos de PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno cuenta ya con el sí de los cuatro diputados del PDeCAT (integrados en JxCat), que anunciaron ayer su voto a favor. El PNV también ve «procedente» el plazo de seis meses propuesto por Sánchez, pero son partidarios de que se hagan modificaciones legales para evitar la excepcionalidad.

El principal escollo del Gobierno se encuentra entre sus aliados del llamado bloque de investidura: Esquerra Republicana. Los soberanistas vinculan su apoyo a que la Generalitat tenga más competencias y son contrarios a que la medida se alargue seis meses. Su portavoz, Marta Vilalta, ve «margen para negociar».