Cinco comunidades se encierran bajo el paraguas de la nueva alarma

En total, 5,6 millones de españoles, hasta este lunes, ya tenían restringidos los movimientos de entrada y de salida de sus comunidades a la sombra del decreto del pasado fin de semana. No obstante, habría otros 2,5 millones de ciudadanos confinados en otro centenar de poblaciones, por lo que la cifra de personas con limitaciones de movimientos ya superaría los 8 millones de persona, o sea, el 17% de la población de todo el país.

Navarra (la autonomía con más incidencia con 1.102 casos) y La Rioja (684 positivos), que ya habían encerrado a sus territorios la pasada semana, confirmaron su intención de mantener estas restricciones de movimientos. Además, la Comunidad Foral restringió cualquier reunión a las personas estrictamente convivientes.

A estas dos comunidades durante el día se fueron sumando otras tres. La primera fue Aragón, que ya había decretado el aislamiento de sus tres capitales de provincia y que anunció además el confinamiento perimetral de toda la comunidad al menos hasta el 9 de noviembre. Poco después lo hizo Asturias, que decidió cerrar sus 'fronteras' con una incidencia todavía entre las más bajas de España y después de mantener en cuarentena a sus tres grandes capitales (Gijón, Oviedo y Avilés). Y ya a última hora de la tarde se unió el País Vasco, que ordenó el más duro de los encierros activos hasta ahora, ya que al confinamiento perimetral se unió la prohibición de abandonar el municipio de residencia salvo por causas de fuerza mayor. Un suerte de vuelta a las épocas más duras de la desescalada.

Melilla, el segundo territorio nacional con más incidencia (más de 1000 casos), obviamente no pudo decretar su cierre perimetral cuando la frontera con Marruecos siguen cerrada, pero sí que adelantó una hora, a las 22:00 horas, el toque de queda para tratar de embridar un virus que amenaza ya la capacidad asistencial de la ciudad.

Esa posibilidad del cierre perimetral, sobre todo con vistas a evitar un nuevo repunte de casos en el puente de Todos los Santos, fue examinada muy de cerca por la Comunidad de Madrid. Aunque el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso (con una incidencia en bajada, aunque superior a los 400 casos) no pidió la aprobación del estado de alarma no descarta, sin embargo, el cierre de la comunidad de manera simultánea al aislamiento vigente en 32 zonas básicas sanitarias. El equipo de Ayuso, que fue muy crítico cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez usó esta herramienta para forzar a confinar Madrid y nueve de los municipios más poblados de la región, ahora sí que vería con buenos ojos usar la herramienta para evitar el éxodo vacacional del que los madrileños no pudieron gozar en el pasado puente del Pilar.

Castilla y León está en una situación muy similar a la de Madrid. Aunque esta comunidad popular tampoco reclamó el estado de alarma, a pesar de moverse cerca ya de los 600 positivos, sí que se declaró este lunes dispuesta a usarlo para imponer un confinamiento perimetral e, incluso, llegar al aislamiento domiciliario si fuese necesario, aunque esta medida, la más extrema, no se contempla en el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario del domingo.

Andalucía, por su parte, tampoco quiso mojarse todavía y se dio un plazo de 48 horas para decidir cómo adaptar el estado de alarma. Su presidente, Juan Manuel Moreno, anunció conversaciones con las comunidades vecinas y Madrid para tomar medidas conjuntas sobre los posibles desplazamientos. En el punto de mira de los epidemiólogos andaluces está también la posibilidad de que el puente conlleve un repunte de los casos si la movilidad sigue vigente en zonas con más alta incidencias.

Cataluña, una de las comunidades que con más fuerza había reclamado el estado de alarma, desveló que estudia una opción extrema y que ninguna otra autonomía se plantea, al menos por el momento: confinar en casa a toda la población durante los fines de semana. «Es un escenario que está sobre la mesa, el fin de semana es cuando hay más interacción social», apuntó la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó. «Los datos son malos y hay preocupación por los hospitales. Hay que evitar el confinamiento total, pero hay que explorar escenarios y uno podría ser éste», insistió Budó en línea con la mano dura del Govern, que mantiene el cierre de la hostelería a las 21:00 horas, aunque el real decreto le permitía atrasarlo hasta medianoche.

La posibilidad de que el Govern vuelve a los confinamientos domiciliarios creó dudas jurídicas entre los propios servicios jurídicos del Estado. La Abogacía no tiene claro que el actual decreto del estado de alarma ampare este tipo de confinamiento extremo, por lo que, apunta, quizás fuera necesario aprobar otro decreto en el que se contemple este tipo de restricciones.

En el otro extremo se situaron Extremadura, la Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares o Cantabria. Éstas fueron las primeras comunidades en anunciar que descartaban hacer uso de sus prerrogativas, al menos por el momento, para confinar sus territorios al considerar que los cierres perimetrales todavía pueden ser sorteados con medidas menos agresivas como los toques de queda o cuarentenas muy focalizadas.

Hubo otros Ejecutivos de territorios como Murcia o Castilla-La Mancha que evitaron pronunciarse expresamente sobre si endurecerán las medidas a la sombra del nuevo estado de alarma.

Canarias, con una incidencia de 'solo' 77 casos, se mantuvo totalmente al margen de este debate, puesto que ni tiene restricciones de movimientos ni toques de queda, al no estar incluida en el decreto.