Las cartas del expresidente catalán para esquivar la cárcel si Llarena decreta prisión preventiva

Antes incluso de que fuera puesto a disposición de Llarena, Carles Puigdemont puede pedir un 'habeas corpus' a los policías que lo arresten, alegando que estarían llevando a cabo un arresto ilegal -a su juicio- al estar en vigor la polémica ley de amnistía. En 24 horas, el juez de guardia del lugar donde tuviera lugar la detención debería, tras escuchar a la Fiscalía, decidir sobre su puesta en libertad. Todas las fuentes consultadas apuntan a que es muy improbable que un juez tome una decisión así con una orden de busca y captura en vigor por parte del Supremo. Podría ser, no obstante, que dado el aforamiento de Puigdemont fuera puesto a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o del propio Supremo tras un 'habeas'.

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Si le fuera denegada esa puesta libertad, Puigdemont tendría su primera oportunidad para llegar al Tribunal Constitucional (TC), pidiendo amparo a una corte de garantías que ahora tiene mayoría progresista. El problema radica en que el TC suele demorarse hasta tres años en resolver estos amparos y no se conocen casos en los que se haya manifestado en menos de un año. Así las cosas, el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido tendría difícil justificar una resolución exprés a ese 'habeas corpus', dado los plazos que se manejan con otros reclusos.

Menos dificultad tendría el Constitucional para justificar atender una suspensión cautelar de la orden de ingreso en prisión ante un hipotético recurso de amparo -por supuesta vulneración de derechos fundamentales- que la defensa del expresidente no ha presentado todavía y que formularía ante la la negativa del juez Llarena -respaldada semanas atrás por la Sala de lo Penal del Supremo- a aplicar la polémica ley de amnistía al delito de malversación. Precisamente el plazo para presentar ese amparo todavía está vigente.

Las otras vías para obtener la excarcelación tienen muchos menos visos de prosperar, según las fuentes jurídicas consultadas. Podría, aunque no es preceptivo para seguir pleiteando, presentar un recurso de reforma ante el propio juez, un escrito que en escasísimas ocasiones prospera. Otra fórmula sería un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero cuya tramitación podría tardar más.