La primera reunión celebrada en Bruselas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bajo la excepcional intermediación de la ... Comisión Europea acabó este miércoles precisamente con la convocatoria de otra cita, el 12 de febrero, para proseguir unas conversaciones a las que la UE da dos meses para que fructifiquen poniendo fin al lustro de bloqueo que maniata al órgano de gobierno de los jueces españoles. Con los interlocutores blindando un diálogo que ha naufragado varias ocasiones antes y en medio del cisma por la ley de amnistía, el encuentro deja abiertas las posibilidad de que en esta ocasión haya fumata blanca aunque dejando tras de sí, también, el rastro de desconfianza entre ambos partidos que singularmente el PP quiso hacer visible al término de la 'cumbre' pese a mostrarse satisfecho con su desarrollo.
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La reunión, de hora y media, fue fruto del acuerdo alcanzado el 22 de diciembre por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para retomar las negociaciones, con la insólita tutela del Ejecutivo europeo, que entraron en un callejón sin salida en el otoño de 2022, cuando el líder de la oposición las dio por finiquitadas al sentirse engañado por las conversaciones paralelas que mantenía el Gobierno con ERC para suprimir la sedición del Código Penal. Desde entonces, los problemas que derivan de la parálisis no han hecho más que incrementarse en lo que se refiere a las vacantes por cubrir en el Tribunal Supremo y otros tribunales representativos, toda vez que el Gobierno reformó la ley para despojar al CGPJ de su función principal de efectuar nombramientos mientras estuviera en funciones.
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La cita de este miércoles en Bruselas -con el comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, como anfitrión, bajo el emplazamiento a que socialistas y populares resuelvan en dos meses lo que no ha sido posible en cinco años y el amago del presidente del Consejo, Vicente Guilarte, de dimitir si no hay desbloqueo- llegó precedida por el pleno de alto voltaje la víspera en el Congreso en el que Junts forzó al Gobierno a renegociar la ley de amnistía mientras todos los socios de Sánchez cuestionaban con dureza a la Judicatura española. Una negativa carta de presentación ante la cita bruselense que Bolaños intentó revertir saliendo en defensa de los aludidos, pero en la que el PP ve la evidencia de un intento de erosionar la credibilidad del Estado de derecho de la que responsabiliza al PSOE, que sí reprueba el modo en que los magistrados Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre están señalando a Carles Puigdemont y su entorno en las causas de Tsunami Democràtic y las conexiones con el Kremlin.
Este trasfondo late en las reservas del PP ante el encuentro en la capital comunitaria, que Bruselas dio por válido y útil porque «todas las partes se han comprometido claramente a colaborar» para lograr el objetivo planteado, la renovación del CGPJ; lo suficientemente al menos para convocar esa próxima cita el día 12. Bolaños, para quien el cara a cara resultó «cordial y constructivo», reiteró que esta tentativa tiene que ser «la definitiva» y apeló al mantra del Gobierno -la discreción- para cerrar un acuerdo. «No hay ningún obstáculo», remató el ministro al ser preguntado por la interferencia de la amnistía.
Los populares dejaron claro que sí la hay -Sánchez «ha sacrificado la independencia del Poder Judicial» en sus tratos con Junts, censuró González Pons, mientras su partido recalcaba que «los insultos» a los jueces hacen «más necesario» que cese «el control político» del CGPJ-, pero siguen «abiertos a aportar lo mejor de forma constructiva en este diálogo estructurado que se ha abierto». Un diálogo que, según Génova, va a permitir «discutir todos los asuntos del CGPJ» que reclaman. Es decir, el escollo que supone que el PP quiera garantías del PSOE de que, una vez encarrilada la renovación del Consejo, se encarará la reforma de su modelo de elección. Bruselas insiste en que lo prioritario es actualizar el órgano para, a renglón seguido, afrontar el cambio en la fórmula de nombramiento.
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Un cambio que los populares, amparándose en que responde a los parámetros europeos, pretenden que derive en un sistema con papel preponderante de los jueces en la elección de los vocales; y al que los socialistas se resisten. Este miércoles, tras dar el plácet a diálogo inaugurado con presencia de la Comisión, González Pons explicitó que está «muy pesimista» sobre el desenlace del mismo. «Negociar con el Gobierno de Sánchez y no ser pesimista es pecar de ingenuidad», opuso.
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