Bolaños y Pons ensayan ante Bruselas un nuevo asalto para renovar el Poder Judicial

El encargado de sentar a las dos partes –al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por parte de los socialistas, y a Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional de los populares, como enviado de Génova– será el propio comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, quien ya ha dejado claras dos premisas: que el trabajo y resultado de fondo está en manos, ante todo, de España y de los partidos implicados, y que el objetivo final no radica «solamente en lograr la renovación de los miembros del CGPJ, sino también reformar el método de elección» acorde con los estándares europeos, tal como reza el informe anual que hace la propia Comisión y reclaman los populares.

La decisión de implicarse en una disputa entre Gobierno y oposición en un país miembro ha sido difícil de tomar por parte de la Comisión Europea, quien confía en que un plazo máximo de dos meses sea suficiente para solventar el entuerto. Aunque el comisario belga también ha manifestado su esperanza de que su trabajo sea «más corto». Y según especificó en un comunicado, la base de esa tarea serán las recomendaciones recogidas en los informes sobre el Estado de derecho de la Comisión en 2022 y 2023: «Proceder con la renovación del CGPJ como cuestión prioritaria e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso para adaptar el nombramiento de los jueces miembros».

Bruselas es consciente de que en Ferraz son reacios a modificar el sistema de elección. Los socialistas han esgrimido en repetidas ocasiones que no es algo que señale la Constitución y que lo realmente importante pasa por abordar la renovación de un órgano que acumula más de cinco años con el mandato caducado. Los de Feijóo, por su parte, inciden en que resulta «inamovible» que los jueces elijan a los jueces    y exigen garantías parlamentarias de cara a la negociación. De momento, quieren escuchar qué tiene que decir Reynders sobre el mejor método para desencallar el bloqueo del Poder Judicial.

El CGPJ está formado por 20 vocales, de los cuales 12 son elegidos entre jueces y magistrados y los otros ocho, entre juristas de reconocido prestigio, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. Desde 1985, los 12 vocales de extracción judicial son designados también por las Cámaras legislativas. En todos los casos, los nombramientos requieren de una mayoría de tres quintos, lo que exige consenso entre los dos principales partidos.

Además, desde marzo de 2021, una reforma de la Ley Orgánica del PSOE impide al CGPJ en funciones llevar a cabo el nombramiento discrecional de magistrados del Supremo y de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, de la Audiencia Nacional, y de Audiencias Provinciales. Una reforma para prohibir realizar nombramientos en funciones –como pasaba desde diciembre de 2019– que el Tribunal Constitucional, precisamente, volvía a avalar ayer mismo. En octubre del pasado año, el alto tribunal ya dio por buena la reforma, al rechazar, como en esta ocasión, el recurso que presentó en su día Vox.