España firma con Reino Unido un acuerdo contra el fraude fiscal para Gibraltar

Según informó Exteriores, los objetivos que se han alcanzado son la reducción y eliminación del fraude fiscal y los efectos perjudiciales para la hacienda española derivados de las características del régimen fiscal de Gibraltar, el establecimiento de unas reglas claras para resolver más fácilmente los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas y evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal del Peñón por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas.

Para lograr las metas fijadas, el acuerdo establece «un régimen reforzado de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de las respectivas administraciones tributarias». Este régimen incluye el intercambio de información sobre determinadas categorías de rentas y activos de especial importancia para la lucha contra el fraude en la zona de la Gibraltar.

El tratado internacional establece también normas para resolver conflictos de residencia fiscal de las personas físicas. En cuanto a las personas jurídicas y otras entidades gibraltareñas, se establece su residencia fiscal en España cuando las mismas tengan una relación significativa con el país, bien por la localización de la mayoría de sus activos o la obtención de la mayor parte de sus ingresos en nuestro país, o bien cuando la mayoría de sus propietarios o su directivos son residentes fiscales en España.

El tratado tiene el objetivo último de acabar con los recelos de Madrid a Gibraltar, colonia a la que en distintas ocasiones se ha acusado de ejercer de paraíso fiscal para las decenas de miles de empresas afincadas en su territorio. Las autoridades del Peñón, por supuesto, lo niegan.

El acuerdo rubricado este lunes es un paso más para minimizar en lo posible los efectos de la salida de Gran Bretaña de la UE. La pasada semana el Gobierno anunció una serie de medidas de contingencia unilaterales que entrarán en vigor, en caso de que se produzca un 'brexit' sin acuerdo. Entre éstas figura la protección de los derechos de residencia adquiridos por los ciudadanos británicos que viven en España y sus familias antes de la fecha de retirada, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en el Reino Unido por parte de ciudadanos británicos y españoles que estén en España antes de la fecha de retirada o el acceso a la sanidad pública.