La exención de visados tras el 'Brexit' entra en vía muerta por Gibraltar

El Parlamento Europeo no acepta el binomio Gibraltar-colonia por entender, primero que «no aporta nada» en el contexto de esta declaración. Y segundo, porque asumirlo generaría complicaciones innecesarias. Al fin y al cabo el efecto práctico que se persigue es que el Reino Unido tenga la misma deferencia con los ciudadanos europeos y que no les exija tampoco ese permiso (que requeriría el pago de unos 60 euros) cuando programen estancias cortas en su territorio. Sin reciprocidad no habrá acuerdo y sin acuerdo habrá visados.

El documento en cuestión permite a los británicos (gibraltareños incluidos) permanecer dentro del espacio Schengen, sin tener visa, un máximo de 90 días sobre un total de seis meses a partir del 30 de marzo y hasta 2021, haya divorcio amistoso o no. En la redacción primigenia no se hacia referencia al estatus del Peñón.

Pero la que finalmente se llevó a la negociación entre la Comisión, el Consejo (los países) y la Eurocámara, incorporaba una nota a pie de página que reflejaba lo siguiente: «Gibraltar es una colonia de la corona británica. Existe una controversia entre España y el Reino Unido acerca de la soberanía sobre Gibraltar, un territorio para el cual se debe alcanzar una solución, a la luz de las resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas».

Un apostille que causó irritación en Londres. Desde el Gabinete de Theresa May no se dudó en calificar de «inapropiada» e «inaceptable» la descripción aduciendo que la roca es «parte de la familia británica». Y ni que decir tiene que allí se percibió como una nueva maniobra española para reabrir el debate acerca de la soberanía del Peñón «aprovechando las delicadas» negociaciones sobre el 'Brexit' –aun estaba fresca la amenaza de veto de Pedro Sánchez a la cumbre de Jefes de estado y de Gobierno de noviembre–.

La cuestión es que 20 días después de aquella colisión diálectica, el documento se encuentra paralizado en la sede del legislativo europeo. La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) no le da salida. Y ya van tres reuniones. Aún habrá más. Pero se trabaja contrarreloj, porque el acuerdo debería de llegar antes del pleno que se celebrará del 11 al 14 de marzo, apenas dos semanas antes del 29, cuando se activaría formalmente la retirada británica de la UE.

Desde el Ministerio de Exteriores que dirige Josep Borrell se desliza un aparente intento de sabotaje. Culpó directamente del bloqueo al eurodiputado ponente de esa comisión, el laborista británico Claude Moraes, que «se opone a la redacción propuesta relativa a Gibraltar» pese a que «representa la posición de los Veintisiete Estados miembros y la Comisión Europea, que en dos ocasiones han ratificado su contenido».

Pero hay otras voces discrepantes en ese órgano legislativo, como la del checo Petr Jezek. El miércoles ya anunció el fracaso de las negociaciones planteando que «el tiempo se está acabando rápido y algunos están jugando con fuego», en un claro reproche a la posición española. «El Parlamento Europeo hizo varias propuestas, pero el Consejo no se está moviendo. Gibraltar es el problema». Otra vez.