PP y Podemos batallan ahora ante el TC por la votación en el Senado de la reforma judicial

Una vez aprobada el jueves en el Congreso la proposición de ley que tratan de impedir y que deroga el delito de sedición, rebaja la malversación y reforma dos leyes orgánicas (la del propio Constitucional y la que regula el Consejo del Poder Judicial) vía enmiendas, los populares registraron ayer ante el intérprete de la Carta Magna una ampliación del recurso de amparo para hacerlo extensivo a la ratificación que queda por hacer en la Cámara alta. En paralelo, Unidas Podemos lo que trata de frenar es el propio pleno del alto tribunal, alegando que la impugnación del partido de Alberto Núñez Feijóo «se ha quedado sin objeto» dado que el Congreso ya ha votado y que continúa así el curso parlamentario de la norma.

Dos caras de la misma moneda que han derivado en otra guerra por el relato, esta vez por la vía jurídica. Podemos ampara su solicitud fijándose en el recurso inicial del PP en el que solicitaba la suspensión cautelarísima de la votación en el Congreso. Dado que el TC acabó permitiéndola al posponer su delicada reunión para dentro de 48 horas, los morados interpretan que la iniciativa del PP se circunscribe a ese trance parlamentario y que, en consecuencia, su iniciativa se ha visto superada por los hechos. Si el pleno se celebra y decide, avisan los morados, el perjuicio puede ser «irreparable» y «el objeto de este procedimiento perderá virtualidad».

En sentido contrario, el grupo parlamentario popular argumenta que, aunque el dictamen de la proposición de ley fue votada en el pleno del Congreso, su petición de amparo comprende todo el trámite parlamentario. Por lo que, incide el líder de la oposición, el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el alto tribunal pueda actuar.

Desde el otro ala del Gobierno, la socialista, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños hizo un llamamiento al PP para que, directamente, «retire su recurso». La decisión del presidente del tribunal de garantías, Pedro García-Trevijano, de postergar la deliberación, ante la petición de los cinco magistrados progresistas que advirtieron de que no podrían participar en ella sin estudiar antes toda la documentación, incluida una petición de recusación de Podemos que les afecta tanto a él como a Antonio Narváez, permitió a la Cámara baja aprobar la polémica iniciativa en una de las sesiones parlamentarias más broncas que se recuerdan, con acusaciones de golpismo cruzadas. Pero la tramitación continúa en el Senado la semana próxima.

«El PP -argumentó Bolaños- ha ido demasiado lejos, está tensionando las instituciones democráticas, está tensionando el Congreso, el Senado y el TC retorciendo la ley con un recurso que pretende que ocurra algo que no ha ocurrido en 44 años de democracia ni ocurre en ningún país democrático del mundo y es que se pare una votación democrática de un parlamento democrático».

Ningún grupo con representación en las Cortes Generales había pedido antes medidas cautelares para tratar de impedir una votación. Sí hay precedentes, no del todo ajustados, en el Parlament, durante el 'procés,' cuando el PSC solicitó que se anularan los acuerdos de la Mesa para celebrar un pleno tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O en el que Puigdemont tenía intención de explicar los pasos para la «desconexión». Y el Constitucional atendió la petición de los socialistas catalanes.

El Gobierno -que se lanzó a la reforma de las leyes del TC y el CGPJ mediante un procedimiento muy poco ortodoxo que hurta a los grupos la posibilidad de enmendar, que ha sido criticado en numerosas ocasiones por el Constitucional y que además se ha llevado a cabo de forma exprés- presenta su operación como una respuesta legítima al «secuestro» al que el PP tiene sometidos a ambos organismos. Y unos y otros se acusan mutuamente de estar violentando la democracia.