Génova mantiene el pulso por la reforma que reduce el tiempo en prisión de etarras tras salir en el BOE

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo anunció que su grupo en la Cámara alta llevará al próximo pleno el escrito de requerimiento anunciado el viernes para que la Cámara baja reconsidere la decisión de no celebrar el pleno para levantar el veto del Senado a la norma. Y advirtió de que, en caso de persistir en su negativa, interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional para que sea éste el que resuelva el «conflicto de atribuciones».

«Las prisas del Gobierno por atender las demandas de Bildu, aunque eso suponga beneficiar a presos de ETA y enfrentar a instituciones del Estado, solo demuestran el nerviosismo que existe por satisfacer a sus socios», apuntaron este sábado fuentes del principal partido de la oposición.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, consiguió el pasado lunes retrasar la polémica modificación de la ley 7/2014 que facilita la excarcelación de presos etarras al devolver el texto al Congreso para que se pronunciase sobre el «veto» interpuesto en el Pleno, donde la mayoría absoluta de los populares votó en contra.

Una decisión inédita ya que el PP no había presentado enmiendas ni vetos durante el paso de la normativa en la Cámara alta en el plazo establecido para ello, actuación que posteriormente admitieron como «error grave» y que las asociaciones de víctimas de ETA tacharon de fallo «vergonzoso». La Mesa del Congreso, por su parte, ignoró esa decisión y anunció que enviaría el texto al Boletín Oficial del Estado (BOE), cuya publicación finalmente tuvo lugar este sábado por la mañana.

La disposición sexta de la reforma establece que la entrada en vigor de la misma se producirá 20 días después de salir en el BOE, por lo que el texto tendrá plena vigencia el 8 de noviembre. Finalmente la polémica nueva norma se denominará oficialmente «Ley Orgánica 4/2024, de 18 de octubre, por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS)».

El Gobierno coló a la oposición en septiembre esta reforma sin que ni PP ni Vox se percataran de lo que votaban durante la tramitación, en principio anodina, de la reforma de la ley 7/2014 y en la creencia que se limitaban a transponer nuevas instrucciones de Bruselas.

Durante la ponencia, el Ejecutivo introdujo sendos cambios para suprimir el precepto que impedía que los etarras pudieran descontarse las penas cumplidas en Francia. El 10 de septiembre, la Comisión de Justicia dio luz verde al texto con 34 votos a favor y tres abstenciones de Vox, aunque solo como protesta ante el «autoritarismo» del Ejecutivo, pues reconoció luego que tampoco se enteró del alcance real de la polémica reforma.

Después y ya en pleno, el Congreso aprobó de manera unánime (346 votos a favor y ninguno en contra) esos cambios sin que nadie hiciera la mínima mención los reclusos de la banda terrorista. Se cumplía así una de las demandas históricas de Bildu y de los propios letrados de los etarras, que llevaban desde 2015 reclamando la derogación de ese precepto incluido un año antes por el Gobierno de Mariano Rajoy para no dejar que los presos se rebajaran las condenas cumplidas en territorio galo.

Ya el pasado lunes, en una tensísima sesión en el Senado, el PP intentó una heterodoxa maniobra para retrasar la tramitación. El presidente del Senado, Pedro Rollán, amparándose en un informe sobrevenido de los letrados de la Cámara Alta, decretó devolver la norma al Congreso, algo que en principio no podía hacer al no haberse formulado enmiendas. En una actuación insólita, el Senado estableció de forma unilateral que la votación -con 148 votos en contra, 111 votos a favor y dos abstenciones- debía entenderse como un «veto», lo que el PP esperaba que sirviera de resquicio por el que intentar dilatar el trámite parlamentario.

Pero el ardid popular duró poco. Apenas 24 horas después, el PSOE y Sumar hicieron valer el martes su mayoría en la Mesa del Congreso para dar por definitivamente aprobada la controvertida ley que convalida penas de cárcel cumplidas en la Unión Europea.