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Con la polémica por la reforma legal por la que serán excarcelados 41 presos de ETA antes de lo previsto aún latente, el pleno del Congreso rechazó este martes la toma en consideración de la proposición de ley promovida por el PP para excluir de ... las listas electorales a los etarras no arrepentidos.
El PSOE y sus socios tumbaron la toma en consideración con 174 votos en contra frente a los 169 de PP, Vox y UPN. La propuesta del partido de Alberto Núñez Feijóo se topó con el rechazo frontal del bloque de investidura pero también con la reprimenda de Vox, que afeó a los populares haber tardado trece años en llevar este asunto al pleno del Congreso, después de haber gobernado.
El «error» de los populares de apoyar en el Congreso la polémica norma que beneficiará a cuatro decenas de etarras sobrevoló el debate. «Como humanos nos podremos haber equivocado en alguna ocasión y, si lo hacemos, rectificamos», defendió el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro aludiendo a la «enmienda trampa», después de la polémica ley que todos los grupos votaron a favor y que, sostienen, «forma parte del pacto encapuchado» del Gobierno con Bildu.
La diputada socialista Rafaela Romero reprochó al PP la utilización de las víctimas. «Dejen de enseñar las fotos y los féretros de nuestros muertos, dejen su memoria en paz», señaló Romero al tiempo que pidió al PP que retire su iniciativa y se una a «la unidad por una memoria limpia», reivindicando el papel de su formación en el fin de la banda terrorista.
Tras calificar la propuesta de los populares de «retrógrada» y «propia de una dictadura», la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, acusó a los populares de pretender «ganar con ilegalizaciones lo que no consiguieron con las urnas». Aizpurua deslizó que las únicas formaciones que, a su juicio, incurren en las causas de ilegalización que contempla la ley son el PP y Vox y fue al choque con los de Feijóo, recomendándoles no tomar este tipo de iniciativas «a la ligera» no vaya a ser que resto de partidos les dé por pedir que no puedan concurrir a elecciones los partidos que hayan sido declarados «organización criminal», hayan sido «condenados por corrupción» o presenten a «imputados y condenados por robar».
La reforma sí contó con el respaldo de los de Santiago Abascal pese a considerarla «insuficiente». Su portavoz José María Sánchez García argumentó que habría que ampliar las causas de inelegibilidad a otros supuestos como la no declaración ante un tribunal de los acusados por delitos de rebelión y preguntó al diputado del PP Borja Sémper por qué no piden la ilegalización de Bildu «si creen que no es homologable al resto de partidos».
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