El Gobierno desbloquea la 'ley mordaza' con Bildu pero a costa de irritar a los socios

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana nació, en teoría, herida de muerte, aprobada por los populares en solitario con una mayoría absoluta perdida a finales de ese mismo año. Pero este julio cumplió nueve años en vigor.

La oposición fue incapaz de consensuar una alternativa la legislatura siguiente, pese a sumar más votos que el PP. Y lo mismo ocurrió en el anterior mandato de Pedro Sánchez. Los grupos negociaron y llegaron a acuerdos sobre un texto planteado por el PNV, que afectaba a unos cincuenta artículos,pero todo acabó embarrancando, según los socialistas, por la cerrazón de los partidos liderados por Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras.

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El Gobierno acepta ahora cuestiones a las que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, planteaba objeciones hace año y medio, sobre todo, en lo que afecta a la rebaja de las sanciones por desobediencia y faltas de respeto a los agentes de la autoridad, pero en el PSOE sostienen que también Bildu ha «modulado» sus posiciones en el resto de asuntos abiertos; lo que explica, en parte, la reacción crítica de Podemos. «Un titular muy grande y reformas muy muy muy muy pequeñitas», dijo, como resumen del acuerdo, el coportavoz de esta formación, Pablo Fernández.

El texto pactado, que se articulará en una sola iniciativa junto a lo ya acordado hasta 2023, habla, por ejemplo, de fijar un calendario para la retirada «progresiva» de las pelotas de goma utilizadas por los antidisturbios y de su sustitución por «métodos menos lesivos», pero no especifica ni plazos ni materiales.

Tampoco prohíbe en sí la devolución en caliente de inmigrantes. Se limita a remitir a una modificación futura de la ley de extranjería, que, sobre el papel, debería presentarse en seis meses y «asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos». Una futura ley que también exigirá un consenso difícil de alcanzar, como ya quedó puesto de manifiesto con la reforma que el Gobierno llevó a la Cámara el pasado julio para imponer el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas. Aquella norma fue rechazada por el PP pero también por Junts.

El partido de Carles Puigdemont dejó ayer claro que no se siente comprometido con un acuerdo que Bildu (y no el Gobierno) remitió al resto de socios de investidura solo horas antes de hacerlo público, junto al mensaje de que su deseo es que pueda llevar también sus respectivas firmas. «Lo que vale para el PSOE también vale para el resto de partidos políticos. Desde Junts negociamos, no hacemos adhesiones», advirtió la portavoz posconvergente en el Congreso, Míriam Nogueras, antes de anunciar que presentará sus propias enmiendas.

También el portavoz del PNV, Aitor Esteban, puso de manifiesto que al Gobierno no se le ha despejado el panorama para cumplir una de sus más antiguas promesas y, a pesar de que avanzó que firmará la iniciativa conjunta –entre otras cosas, porque se reivindica como inspirador del grueso de sus artículos–, también avanzó que su intención es enmendar lo pactado por su rival en la lucha por la hegemonía electoral en el País Vasco para garantizar que se mantiene, subrayó, «el principio de autoridad». Esteban auguró, de hecho, una tramitación «larga» de la norma.

El propio Gobierno es consciente de las dificultades. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a insinuar ayer que Bildu se ha precipitado en su anuncio. «El momento importante empieza ahora. Vamos a hablar con el resto de grupos y veremos cuál es la tramitación, si es que hay consenso», dijo, tras asegurar que desconocía por qué Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu decidieron hacer público ya lo pactado.

Sumar, sin embargo, se mostró mucho más optimista. El portavoz de IU, Enrique Santiago, uno de los principales negociadores de la reforma de la 'ley mordaza' la pasada legislatura, esgrimió que el pacto es «una buena señal de voluntad de acercamiento» y que apuntala la idea de que «hay legislatura para rato», aunque Bildu se esforzó en remarcar que esta negociación no está ligada a ninguna otra, como la de los Presupuestos. Santiago mandó, además, un mensaje a Podemos y llamó a aprovechar la «oportunidad» que se abre. No obstante, remarcó que ahora queda por acordar la reforma de los delitos de libertad de expresión en el Código Penal, también incluida por el Gobierno en su Plan de Acción por la Democracia.   

Esquerra, que hasta esta última negociación ha ido de la mano de los independentistas vascos, no puso reparo felicitándose de que el Ejecutivo haya «cedido». Pero los republicanos también rumiaron en privado su sorpresa por la escenificación del acuerdo.