Indignación en sindicatos y asociaciones: «Es la ley del odio a la Policía y la Guardia Civil»

«Es la ley de odio a la Policía y a la Guardia Civil», en palabras de Gus Leal, el portavoz de Jucil, el mayor colectivo profesional de la Guardia Civil. «Es además especialmente doloroso que una ley que afecta a las fuerzas de seguridad se pacte con un terrorista condenado como Otegi», lamentó Leal, al tiempo que denunció que ni el Gobierno ni el PSOE ni el Ministerio del Interior han hecho la «más mínima consulta» a los «profesionales de las fuerzas de seguridad».

«Es verdad que los perjudicados en primera instancia vamos a ser nosotros, pero está claro que también van a acabar perdiendo los ciudadanos», apuntó el portavoz de Jucil, quien insistió en que la reforma debilita el «principio de autoridad», por lo que va a «reforzar es a la delincuencia y debilitar a los ciudadanos».

Igualmente dura fue la Confederación Española de Policía (CEP). «Fernando Grande-Marlaska no puede continuar ni un minuto más al frente de ese departamento tras el anuncio del acuerdo de PSOE, Sumar y los herederos políticos del terrorismo», afirmó el sindicato en un comunicado, en el que, sobre todo, criticó la prohibición del uso de las pelotas de goma, lo que supone, afirmó, «el mayor ataque a la operatividad que han sufrido los profesionales de la seguridad pública en toda la democracia».

«El pacto alcanzado para la amputación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana es tan grave que constituye un evidente intento de desmantelar el modelo de orden público español y situarlo en un punto de no retorno para que los comportamientos violentos en la calle puedan abrirse paso en medio de la más escandalosa impunidad», llegó a asegurar la CEP.

Jupol, el mayor sindicato del Cuerpo Nacional de Policía, por su parte, calificó el acuerdo de Bildu con los partidos del Gobierno como «un misil en la línea de flotación del principio de autoridad de la Policía Nacional» . Desde Jupol igualmente se criticó con dureza el acuerdo para acabar con las expulsiones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla, que deja, en su opinón, al «Estado sin herramientas» para las devoluciones de clandestinos durante los saltos masivos.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en línea similar al resto de colectivos, se denunció que el acuerdo parece «redactado más contra los policías que para favorecer el buen desempeño de su función». «Es una reforma de ley que ya en origen no ha contado con la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado y que no contempla ni ofrece garantías legales para el desarrollo de la función policial para los miles de policías nacionales que cada día se la juegan en la primera línea de combate en la lucha contra la delincuencia», abundó el SUP.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), otro de los colectivos históricos en el instituto armado, igualmente criticó con dureza el acuerdo con Bildu afeando al Gobierno que «siga utilizando a los guardias civiles como moneda de cambio, dejándoles atados de pies y manos en su trabajo». «Es urgente reforzar el principio de autoridad y realizar las modificaciones necesarias en el Código Penal para endurecer las penas por agresión», sostuvo.