Aragonès se adelanta ya a plantear un 'Cupo catalán' y el Gobierno elude el choque

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en los pasillos del Senado que dentro de esa revisión, pendiente desde 2014, el Ejecutivo sí estaría dispuesto a tener en cuenta, como ya ocurre, las peculiaridades de los distintos territorios y a reconocer, además, el mayor coste que implica la prestación de servicios sobre los que no todas las comunidades tienen competencias. A diferencia de otros territorios, Cataluña tiene, por ejemplo, policía autonómica propia y gestiona sus instituciones penitenciarias. Además como otras diez autonomías del régimen común (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid) tiene competencias en materia de Justicia que no tienen Extremadura, Castilla-La Mancha o Murcia.

El problema es que reformar el sistema en vigor requiere poner de acuerdo a las distitnas administraciones afectadas, algo harto complicado. Pero a eso hay que sumar que el gesto propuesto por el Ejecutivo se queda muy corto en relación a lo que ayer puso sobre la mesa Aragonès. El líder republicano, que este miércoles estará en Madrid para defender su propuesta en un desayuno informativo, reclama que Cataluña salga del régimen común para adoptar un modelo de «soberanía fiscal plena» en el que la Generalitat pasaría de recaudar el 9% al 100% de los impuestos, lo que se traduciría en un «ingreso potencial» cercano a los 52.000 millones anuales, el doble que con el sistema actual.

La fórmula sería similar a los modelos del País Vasco y Navarra. Como estos, contempla un cupo, una «transferencia» al Estado como contraprestación por los servicios que éste presta en Cataluña, como las políticas de defensa o la administración de justicia. Pero también incluiría, y esa es una diferencia sustancial respecto al Concierto y el Convenio, un fondo de «reequilibrio territorial». El Ejecutivo reconoce el esfuerzo por atender el principio constitucional de solidaridad. Pero fuentes gubernamentales replican: «El modelo de financiación no es un tema de solidaridad sino de garantía de lo servicios prestados en todo el territorio».

El Gobierno evitó ayer tildar de inconstitucional o inviable el modelo de Aragonès con el argumento de que aún no lo conoce en profundidad. Pero hizo hincapié, y así lo apuntó también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en que es en el marco de las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se debe mantener «un diálogo que incluya no sólo a la comunidad autónoma de Cataluña sino al resto» y en que debe cumplirse el estatuto.

La consejera catalana de Economía, Natallia Mas, dejó claro, en cambio, que Cataluña no acudirá al CPFF. «No iremos a una negociación multilateral», dijo. El Govern parte de la premisa de que Cataluña padece un déficit fiscal crónico que cifra en 22.000 euros anuales, el 8% del PIB catalán. «Cataluña es cada año el segundo o tercer territorio que más aporta en términos per cápita a la financiación común, pero una vez aplicado el modelo cae a la décima posición en recursos recibidos, la decimocuarta si se tiene en cuenta el diferencial de precios derivado del coste de la vida», argumentan.

Aragonès, que encargó hace meses a Mas la propuesta que ayer puso sobre la mesa defendió que es preciso «un cambio de paradigma» para dejar atrás décadas de «injusticia con Cataluña». Con este movimiento, abre el melón del pacto fiscal, en un momento en que tiene varias crisis, a poco del inicio de la campaña: una sequía que se agravará de cara al verano y un pugna con los funcionarios de prisiones. Su intención era que esta negociación formara parte de la siguiente fase de la negociación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern, tras la amnistía, en la parte final de la legislatura catalana, pero los acontecimientos se han precipitado.