El PSOE se abre a modificar la ley del 'solo sí es sí' tras la rebaja de condenas a abusadores

La ministra de Hacienda y número dos de los socialistas, María Jesús Montero, corregía este martes al ministerio que dirige Irene Montero, asumiendo que esta rebaja de las penas «no era el objetivo de la ley». En los pasillos del Senado, tras asistir a la sesión de control al Gobierno, reconoció que el Consejo de Ministros debe «estudiar» esta materia, «después de algunas sentencias» que se habrían dictado «al amparo de esta ley». «No era el objetivo de la ley que se pudieran rebajar las penas con motivo de abuso a menores. Todo lo contrario», apostillaba.

Todo ello después de que Audiencia Provincial de Madrid ha rebajado de ocho a seis años la condena contra un ciudadano por un delito de abusos a un menor de 16 años. En la segunda sentencia, otro tribunal de la Audiencia de Madrid, la Sección 15, se ha revisado la condena de un profesor de inglés por el abuso sexual de cuatro menores de edad y ha determinado que la pena inicial, de seis años, seis meses y cuatro días de cárcel, pase a un solo año. Los tribunales esperan ahora que este tipo de revisiones lleguen a cuentagotas a los juzgados.

Ambos jueces explican en sus escritos que en su momento se le impuso a estos condenados la pena mínima y que la nueva norma obliga, por tanto, a imponerle la nueva condena mínima establecida legalmente. Es decir, se rebaja la parte baja de la horquilla de años que establecían las penas anteriores. Algo que, según fuentes jurídicas consultadas, no sucederá en casos que afecten a penas de mayor entidad. Por ejemplo, a casos mediáticos como el de La manada, que derivó en condenas de entre 15 y 23 años y que fue el germen de la 'ley del solo sí es sí'.

Desde el Gobierno, la delegada para la Violencia de Género, la jueza Victoria Rosell, achaca en cambio esta rebaja de penas no a la nueva norma, sino a «una interpretación voluntarista por parte de los tribunales», por lo que defiende que «el problema no es la ley». Como ejemplo, cita el caso del ciudadano acusado de abusar de un menor, en el que el juez no aprecia abuso de autoridad, sostiene, «pese a que era su padrastro».

En una rueda de prensa posterior, Rosell reconoció que es «factible rebajar las penas» con la nueva ley, aunque insistió en que el texto en sí mismo «no las rebaja». Frente a quienes acusan a Igualdad de que la reducción de penas se debe a la desaparición del abuso sexual, la juez defendió que lo que hay ahora es «agresión sexual sin consentimiento» y que «si hay engaño no hay consentimiento», por lo que sigue existiendo dicho delito. A su juicio, se trata de «un análisis y una lectura muy superficial» y de «brocha gorda» y espera, según declaró, que este argumento «no sea real» y que no esté incluido en una resolución judicial.

Fuentes de Igualdad defienden, además, que los jueces «no han considerado que la ley de libertad sexual en su artículo 181.2 establece las mismas penas que la ley anterior: de 5 a 10 años».

Pero lo cierto es que la entrada en vigor de la norma introdujo cambios e unificó los tipos penales de abuso y agresión sexual y también varió el abanico de condenas posible, rebajando el suelo de este tipo de delitos. El artículo 2.2 del Código Penal recoge la obligación de revisar a la baja las condenas cuando un cambio legislativo como éste afecte a una sentencia, y es lo que ha sucedido en este caso.

La secretaria de Estado de Igualdad, Angela Rodríguez Pam, había tachado hace un mes de «bulo machista» las maniobras de algunos abogados de aprovechar este beneficio. Y aunque desde el Ministerio de Justicia creen que el número de beneficiados por este cambio de norma no será masivo, sí consideran que llegarán a cuentagotas porque ahora los abogados de estos reos están estudiando posibles recursos.

Pero este hecho ya ha servido para rearmar a la oposición con nueva munición. La vicesecretaria de Políticas Sociales del Partido Popular, Carmen Navarro, recordó este martes las advertencias realizadas al respecto por su partido, que enmendó en su totalidad la norma por considerarla «una mala ley». También trasladó las objeciones que en su día hizo de la misma el Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, denunció que tanto la ministra Irene Montero como la delegada del Gobierno para la Violencia de Género «se burlaron de estos avisos, que tildaron de bulos».

Lo cierto es que desde el inicio de su tramitación la 'ley del solo sí es sí' ha estado rodeada de polémica. Su negociación supuso el primer enfrentamiento a gran escala en el recién nacido Gobierno de coalición. En marzo de 2020, pocos días antes de la activación del estado de alarma, PSOE y Unidas Podemos airearon sus divergencias por una norma sobre la que los socialistas veían «defectos técnicos» mientras que los morados afirmaron que «dentro de estas excusas hay mucho machista frustrado». Solo tras 14 meses de tramitación se aprobó en el Congreso, después de un amplio debate suscitado por la necesidad de incluir una definición concreta de consentimiento.