El año de la 'vendetta morada' que pone en alerta al Gobierno y a sus socios

«Nosotras estamos preparadas, hay que preguntarle a los demás partidos si ellos lo están», presumen fuentes cercanas a la dirección de la formación, un año después del sonado divorcio entre Podemos y Sumar, que no por anunciado -aunque acabó consumándose más pronto de lo que se preveía- dejó de causar un profundo impacto en el Gobierno y sus aliados. Tanto, que ellos mismo ya no se autodefinen como «socios» del Ejecutivo, esgrimen sus cuatro votos en el Congreso como «igual de importantes» que los de Junts para que cualquier iniciativa legislativa vea luz verde en la Cámara baja, y amenazan ahora con tumbar la reforma fiscal que prepara el PSOE si estos no convierten el impuesto a las energéticas en permanente.

Una posición que complica el reto de Sánchez de alargar la legislatura hasta 2027 al dificultar conciliar estos postulados con los de Junts o el PNV, que defienden suprimir este tributo, y cuyos votos también son imprescindibles para inclinar la balanza parlamentaria hacia los intereses de la Moncloa. Especialmente sombría, reconocen en las filas de ambos partidos nacionalistas, se avecina la negociación de los Presupuestos para 2025.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se mostró el viernes «enormemente escéptica» en la negociación con el Gobierno sobre las Cuentas Públicas, ya que el PSOE, a su juicio, «no tiene intención» de cumplir con su condición sobre el impuesto a las energéticas.

Podemos, ahora liberado de la atadura de formar parte del Ejecutivo, presiona a los socialistas con dos asuntos de calado para el espacio político de la izquierda: la situación en Oriente Próximo y la crisis de la vivienda. Los morados han decidido que no darán sus votos si Sánchez no rompe relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y toma medidas para conseguir rebajar un 40% el precio de los alquileres. Una decisión ratificadas por su militancia y que la cúpula del partido está dispuesta «a defender hasta el final».

Antes de aquel 5 de diciembre de 2023, en el PSOE ya empezó a augurar esta situación y hacían lecturas negativas de la «falta de control» de Díaz en su grupo parlamentario. Podemos llevaba todo el otoño denunciando «agravios» por parte de la vicepresidenta segunda y amenazaban con actuar con «autonomía» en el Congreso si Díaz no les daba voz en la Cámara baja. «Queremos negociar los Presupuestos cara a cara con el PSOE», señalaban cuando aún compartían grupo con los comunes, Izquierda Unida, Más Madrid o el propio Movimiento Sumar.

Los morados habían perdido en noviembre sus dos asientos en el el Consejo de Ministros -el de la propia Belarra, titular de Derechos Sociales, y el de Irene Montero, de Igualdad-, y vieron con indignación como otras formaciones con menor representación como la Chunta Aragonesista o Compromís obtenían portavocías adjuntas en el Congreso. La gota que colmó el vaso, como explicaron, fue que la dirección de la bancada magenta les impedía tener turnos de palabra en los debates. Concretamente, Belarra denunció que la líder gallega había vetado una intervención suya en un pleno sobre Palestina.

El primer aviso, prueba de lo lejos que puede llegar Podemos para mantener el pulso con el Gobierno, se produjo un mes después, el 10 de enero, durante la votación del decreto para la reforma del subsidio de desempleo impulsado, precisamente, por el ministerio de Trabajo, que dirige Díaz, y que los morados tumbaron con sus votos. «Así no se puede gobernar. Están en contra de los parados, votan con la extrema derecha», declaró la vicepresidenta segunda, al constatar que Belarra le había infligido su primera derrota parlamentaria.

La ruptura con Sumar también ha permitido a Podemos maniobrar tácticamente con más libertad que sus antiguos aliados electorales, especialmente en la denuncia al PSOE de la trama de corrupción del 'caso Ábalos'. Belarra acusó a Sánchez de tener responsabilidad 'in vigilando', al mostrarse «perpleja» de que el presidente «no supiera nada de este caso», e instó a los socialistas a «devolver el dinero robado» si una sentencia judicial demostraba el delito.

Convertidos en un elemento de incertidumbre en el hemiciclo, los morados tratan de «doblar la mano» al PSOE. «Es el momento de hacer cosas de izquierda y el PSOE no las hace solo. Necesita a una izquierda fuerte», afirmó esta semana la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero.