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Alberto Núñez Feijóo no llegó a la Moncloa por la endiablada aritmética que permitió a Pedro Sánchez revalidar su mandato, pero sí logró en las urnas una mayoría absoluta en el Senado que le permite plantar batalla al Gobierno y que ahora le servirá para ... dilatar dos meses la tramitación de la ley de amnistía. Sesenta días de calvario –la Cámara alta tiene hasta el 15 de mayo una vez que el texto quedó registrado el viernes–, en la que los populares están decididos a desplegar los mecanismos legales a su alcance a fin de trabarla antes de que regrese al Congreso para su aprobación final coincidiendo con la campaña de las elecciones europeas.
Será este martes cuando la Mesa del Senado, con Pedro Rollán a la cabeza, admita a trámite la proposición de ley sobre la medida de gracia. Lo hará tras analizar un informe de los letrados a favor de dar curso a su tramitación, encargado por el presidente, para que no quepan dudas de esta obligación ante la insistencia de Vox para que el PP haga uso de su mayoría e inadmita el texto legal. Un supuesto que abocaría a un choque institucional inédito entre las dos Cámaras y que Génova descartó desde el principio por más que la formación de Santiago Abascal elevara la presión en incluso amenazase con querellarse por prevaricación.
No será el único informe que esté sobre la mesa. Rollán solicitó a los servicios jurídicos que analizaran tanto el fondo como la forma de la proposición de ley pactada entre el PSOE y los independentistas. A diferencia de lo que sucedió en el Congreso, donde su letrado mayor dijo no ver «palmaria inconstitucionalidad» en el texto, los conservadores dan por hecho que esta vez los letrados de la Cámara alta sí coincidirán con el informe de sus homólogos, que rechazaron en 2021 una petición de ley de amnistía del ERC y que volvieron a cuestionar la actual en la Comisión de Justicia del Congreso.
El principal partido de la oposición está pendiente además de otro informe que solicitó al CGPJ sobre la amnistía y que el órgano evaluará esta semana, así como de otro que pidieron a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Un foro que los de Feijóo volverán a activar –ya lo hicieron en octubre pasado– para debatir sobre la medida de gracia y en la que exhibirán músculo territorial dando nuevamente voz a sus once presidentes autonómicos.
Los populares cuentan también con el dictamen de la Comisión de Venecia, cuyo contenido definitivo se difundirá este lunes, y del que deducen que a Sánchez le «sacan los colores» porque plantea objeciones a cómo se ha gestado y tramitado la ley pese a que ni avala ni deja de avalar la amnistía. El órgano del Consejo de Europa alerta de que la norma pactada carece de una «mayoría cualificada», además de acotar la exculpación de delitos terrori stas.
Una vez que la Mesa del Senado dé luz verde a la tramitación de la amnistía, designará a la Comisión Constitucional para debatirla. El PP ya intentó que fuera esta misma comisión y no de la Justicia la que examinara la norma en el Congreso por las dudas sobre su constitucionalidad frente al rechazo frontal del PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa de la Cámara baja. Está previsto que por ella desfilen en las próximas semanas juristas y expertos para opinar sobre el borrado penal del 'procés' y los riesgos constitucionales y democráticos de su aplicación de la ley.
Los de Feijóo se guardan además un as en la manga. Con la reforma en noviembre del Reglamento del Senado incluyeron la comparecencia del Gobierno cuando lo requieran dos grupos o la quinta parte de la Cámara, con lo que el PP podría obligar a Sánchez a comparecer por la amnistía.
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