Víctor de Aldama consiguió su objetivo: salir de la cárcel 40 días después de entrar en Soto del Real. Y en la misma puerta de la prisión lanzó un duro aviso que sonó a amenaza al presidente del Gobierno y a sus acusaciones de que ... todo ha sido una «inventada»: «Que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho», aseguró a los periodistas el cerebro de la trama corrupta.
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A primera hora de la noche de este jueves, el juez Santiago Pedraz firmó el auto de excarcelación tan solo ocho horas después de que el comisionista concluyera su confesión en la Audiencia Nacional. Libertad sin fianza y con la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias semanales como únicas medidas cautelares.
En la excarcelación exprés de De Aldama fue clave el cambio radical de posición de la Fiscalía, que al ser la única acusación en la causa de los hidrocarburos, al pedir la libertad forzó a Pedraz a acordarla. Anticorrupción, en contra de la tesis de Pedro Sánchez de que la confesión del empresario ha sido una «inventada», sí que valora su declaración como una colaboración sincera con la justicia hasta el punto de que la tarde de este jueves informó a favor de la excarcelación del cerebro de la trama corrupta.
La Fiscalía General del Estado, consciente del impacto que suponía que Anticorrupción valorara de manera positiva la confesión de De Aldama salpicando a numerosos miembros del Gobierno, emitió un comunicado precisando que defendió la excarcelación «atendiendo exclusivamente al expreso reconocimiento que el investigado ha hecho de los delitos que se le imputan, a la aclaración de su mecánica comisiva y a haber incluso reconocido la comisión de nuevos delitos, sin que en esta decisión la Fiscalía haya valorado otros aspectos de su declaración».
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La defensa de Víctor de Aldama, solo minutos después de que el empresario declarara voluntariamente ante el juez Ismael Moreno (instructor del caso 'Abalos/Koldo') había pedido al magistrado Santiago Pedraz que le pusiera en libertad por la importancia de sus revelaciones. El fiscal Luis Pastor, acusación popular en ambos sumarios, se sumó durante la tarde a la petición de la defensa y pidió la excarcelación con medidas cautelares al entender que a colaboración prestada por Aldama ha sido sincera, ya que se ha inculpado en la comisión de varios delitos, aportado detalles nuevos a la investigación y matizando otros datos que obraban ya en la causa.
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Una ayuda, entiende Anticorrupción, que merita la excarcelación. Y eso, a pesar de que la semana pasada la propia Fiscalía insistía en el altísimo riesgo de fuga dado que buena parte de su inmensa fortuna, sospechan los investigadores, se encuentra en el extranjero.
Pedraz, que instruye la llamada 'causa de los hidrocarburos, fue quien envió a prisión el pasado 10 de octubre a de De Aldama y a su socio, Claudio Rivas, por su presunta implicación en una organización dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos mediante el cierre fraudulento de estaciones de servicio antes de liquidar el IVA. En ese sumario está acusado de los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y un fraude que superaría los 182 millones de euros.
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El abogado de De Aldama, José Antonio Choclan, también tienen previsto ofrecer una «extensa declaración» de su cliente en la causa de los hidrocarburos, dentro de su plan de logra un gran «pacto global» con la Fiscalía Anticorrupción para, en primer lugar, sacar a su patrocinado de prisión y luego, con vistas a un juicio, conseguir una reducción de pena por su colaboración con los dos jueces que le han imputado.
Al poco de que Aldama saliera de prisión, el pseudosindicato Manos Limpias anunció que emprenderá acciones penales contra el juez Pedraz y el fiscal Anticorrupción por dejar en libertad al empresario. A su juicio, esta decisión es «presuntamente ilegal y delictiva», y advirtió de que «investigará qué intereses espurios» hay en la Fiscalía Anticorrupción y en el magistrado para motivar la libertad «de un imputado con alto riesgo de fuga y de destrucción de pruebas».
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